La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó este miércoles que la Ley de Igualdad británica define legalmente a una mujer como alguien nacido biológicamente como tal, rechazando así la interpretación del gobierno escocés que incluía a mujeres transgénero en dicha categoría para efectos de paridad.

En un fallo unánime de cinco jueces, el magistrado Patrick Hodge declaró que los términos “mujer” y “sexo”, según esta legislación, se refieren exclusivamente al sexo biológico. Esto implica que una persona trans con un certificado legal de cambio de género no será considerada mujer bajo la Ley de Igualdad.

Sin embargo, el tribunal aclaró que este dictamen “no elimina la protección de las personas trans”, quienes continúan amparadas por la ley frente a cualquier discriminación por reasignación de género.

El caso se remonta a una ley escocesa de 2018 que exigía una representación femenina del 50 por ciento en los consejos de administración de organismos públicos. Para cumplir con la cuota, el gobierno escocés incluyó a mujeres trans con reconocimiento legal de género, lo que fue impugnado por el grupo feminista For Women Scotland (FWS).

FWS argumentó que esta ampliación del concepto de mujer excedía las facultades del Parlamento escocés. Tras ser rechazado inicialmente en 2022, el caso fue admitido por la Corte Suprema, que ahora dio la razón al grupo activista.

Maya Forstater, del grupo Sex Matters, celebró el fallo como una “respuesta correcta”, al señalar que “la característica protegida del sexo se refiere a la realidad, no a los papeles”.

El veredicto podría tener implicaciones más allá de Escocia, afectando políticas públicas en Inglaterra y Gales, así como criterios de inclusión en espacios unisex como baños, hospitales y prisiones.

Según Trina Budge, directora de FWS, el fallo evita que los consejos de administración públicos estén compuestos legalmente por “un 50 por ciento hombres y un 50 por ciento hombres con certificados” sin asegurar representación femenina real.

Este dictamen reabre el debate sobre los alcances legales del género frente al sexo biológico en Reino Unido, y anticipa nuevos desafíos en la legislación sobre derechos de igualdad y diversidad.