Un juez de inmigración negó la fianza a Rumeysa Ozturk, una estudiante de doctorado turca de la Universidad de Tufts, quien permanece detenida desde hace tres semanas en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana. Sus abogados afirman que su arresto es una represalia por haber coescrito un artículo de opinión en el periódico estudiantil que criticaba la postura de la universidad frente al conflicto en Palestina.
Ozturk, de 30 años, fue detenida el 25 de marzo en Somerville, un suburbio de Boston, y trasladada rápidamente a distintas instalaciones hasta ser enviada al sur del país. Según sus abogados, durante su detención ha sufrido cinco ataques de asma y no ha tenido acceso adecuado a atención médica ni a comunicación efectiva con su equipo legal.
La negativa de fianza se basó en la conclusión de que Ozturk representaba un “riesgo de fuga” y era un “peligro para la comunidad”, una justificación que sus abogados califican de insostenible. Además, cuestionan la legalidad de su detención y han solicitado que un juez federal de Vermont, donde se transfirió el caso, asuma la jurisdicción y ordene su traslado para facilitar su defensa.
El caso de Ozturk se suma a otros similares en los que estudiantes o académicos vinculados a universidades estadounidenses han visto sus visas revocadas o su entrada al país impedida por expresar opiniones críticas sobre Israel o manifestar apoyo a los palestinos. En el caso de Ozturk, la revocación de su visa se basó en un memorando del Departamento de Estado que la vincula a una organización supuestamente contraria a la política exterior estadounidense, pero sin pruebas concretas de su membresía.
La estudiante fue una de las autoras de un artículo que exigía a Tufts reconocer lo que describieron como “el genocidio palestino” y desinvertir en compañías con vínculos con Israel. Sus abogados aseguran que esta expresión está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., que garantiza la libertad de expresión.
“Todo el caso del gobierno contra Rumeysa se basa en un único párrafo de un memorando donde solo se menciona el artículo de opinión”, afirmó Marty Rosenbluth, uno de sus defensores legales.
El juez federal William Sessions aún no ha emitido un fallo sobre si asumirá el caso. Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos civiles y académicos observan con atención, considerando que el caso podría sentar un precedente preocupante para la libertad de expresión dentro del ámbito universitario en Estados Unidos.