La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este sábado la deportación de un grupo de migrantes venezolanos retenidos en Texas, quienes iban a ser trasladados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La medida fue impulsada por el expresidente Donald Trump, quien ha responsabilizado al gobierno de Venezuela de facilitar una “invasión” mediante presuntos integrantes del grupo delictivo Tren de Aragua.

La decisión del máximo tribunal responde a una apelación de emergencia presentada por la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), que denunció el riesgo de una expulsión inmediata sin previo aviso ni derecho a audiencia judicial. La organización argumentó que varios de los migrantes detenidos no tienen vínculos con pandillas y fueron detenidos por su apariencia física o tatuajes.

Trump justificó la deportación con base en supuestos riesgos a la seguridad nacional, y el gobierno alegó ante la Corte que el uso de esta ley —aplicada históricamente en tiempos de guerra— es válido en contextos de terrorismo. Sin embargo, la Corte ha sostenido que los migrantes tienen derecho a impugnar legalmente cualquier proceso de expulsión. Casos como el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error y encarcelado bajo condiciones extremas, han elevado las críticas contra la política migratoria de Trump.

Las personas deportadas están siendo recluidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), considerado el penal más grande de Latinoamérica, con celdas sin ventanas, sin colchones y sin derecho a visitas. Organismos internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones en las que son encarcelados los migrantes, mientras se intensifican los litigios legales para frenar estas deportaciones masivas.