La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permitirá a empleados de organismos públicos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Banco de México (Banxico), la Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), portar armas en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa, enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 18 de septiembre de 2024, será discutida en el Pleno el próximo 24 de abril.
Con 25 votos a favor, el dictamen establece una nueva licencia de portación denominada “oficiales colectivas”, exclusiva para integrantes de empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos. Asimismo, amplía el derecho de posesión a ejidatarios, comuneros y jornaleros, quienes podrán tener en su domicilio un rifle calibre .22 o una escopeta de cualquier calibre, incluso dentro de zonas urbanas. También se autoriza a los ciudadanos a poseer armas autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en sus hogares, con fines de seguridad y legítima defensa.
Además, la reforma aumenta las penas para quienes posean, porten, comercien, transporten o introduzcan ilegalmente armas al país, y obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a realizar campañas educativas para concientizar sobre los riesgos del uso de armas, municiones y sustancias químicas peligrosas.
El diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, respaldó la reforma y destacó que “abona a enfrentar uno de los retos más grandes que tiene el país, que es el combate y desarticulación de los grupos de la delincuencia organizada”. Subrayó la urgencia de reforzar la vigilancia en la frontera con Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala, del PAN, reconoció que el dictamen incorporó propuestas de su bancada y representa un avance en la regulación, aunque advirtió que presentarán reservas para no afectar a quienes practican el tiro de caza, ya que la ley impone nuevas restricciones sobre el porte, transporte y almacenamiento de armas para este sector.
