Con una mayoría de 332 votos a favor y tras intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum con la finalidad de modernizar la gestión pública en todo el país. El dictamen fue enviado al Senado para su revisión y eventual aprobación final.

Esta nueva legislación plantea un modelo unificado de simplificación y digitalización de trámites para reducir costos, tiempos y obstáculos en la atención gubernamental. Se trata de una reforma estructural que busca erradicar prácticas ineficientes y garantizar un trato más ágil y transparente hacia la ciudadanía. Uno de sus objetivos centrales es que las instituciones públicas respondan de manera efectiva y con menor carga regulatoria.

Durante la discusión, el legislador Ricardo Monreal explicó que el dictamen fue modificado para salvaguardar el equilibrio del federalismo y evitar imposiciones centralistas. Las recomendaciones emitidas por la nueva autoridad nacional serán obligatorias para la Administración Pública Federal, mientras que para estados y municipios tendrán carácter orientador. Se introdujeron ajustes clave a siete artículos y un transitorio que otorga a los congresos locales 180 días para armonizar sus normas.

Desde el oficialismo se destacó que la ley es un paso fundamental para combatir la corrupción y cerrar brechas de desigualdad, al tiempo que garantiza una gestión pública centrada en las personas. El nuevo marco legal obligará a las dependencias a adoptar recomendaciones en un plazo no mayor a diez días hábiles, lo cual, según sus promotores, representa un giro en la relación entre ciudadanía y gobierno.