La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó un recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la negativa de un juzgado especializado para admitir su primera acción colectiva en contra de diversas distribuidoras farmacéuticas, a las que acusa de colusión para inflar los precios de medicamentos y afectar el acceso a ellos.

La demanda, que involucra una multa superior a los 2 mil 300 millones de pesos, está dirigida contra Casa Saba, Casa Marzam, Fármacos Nacionales y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana. De acuerdo con la Cofece, estas empresas incurrieron durante una década en prácticas monopólicas como suspender distribuciones en fechas clave, restringir el suministro a farmacias y manipular precios y descuentos, provocando un daño directo al sistema de salud.

En su apelación, la comisión –que actualmente se encuentra en proceso de extinción– busca que la SCJN ordene una nueva resolución que permita continuar con el juicio. El objetivo es lograr el pago de 2 mil 316 millones de pesos en reparación del daño, los cuales se destinarían al programa IMSS-Bienestar, uno de los más relevantes en atención médica para la población sin seguridad social.

El caso, impulsado por la comisionada presidenta Andrea Marván Saltiel, fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la segunda sala de la SCJN. La resolución inicial del Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica determinó el pasado 15 de noviembre que la demanda no cumplía con los requisitos legales para su admisión, decisión que ahora podría ser revertida si la Corte concede la apelación promovida por la Cofece.