En abril de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 104/2021 dirigida al ayuntamiento de Teuchitlán, donde urgía la implementación de medidas efectivas para prevenir desapariciones forzadas y cometidas por particulares. Sin embargo, este documento fue ignorado por las autoridades municipales y quedó sin seguimiento desde agosto de 2022, cuando Luz del Carmen Godínez González asumió la presidencia del organismo.

El señalamiento cobró relevancia nuevamente tras las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el martes mencionó el rancho Izaguirre como un presunto centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este predio fue donde, el pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó cientos de prendas, zapatos y objetos personales que podrían estar relacionados con víctimas de desaparición.

A pesar de que la recomendación de 2021 incluía nueve puntos clave para transformar las prácticas administrativas y atender a las víctimas en Teuchitlán, el cambio de administración en la CEDHJ supuso una ruptura con ese compromiso. Godínez González, impulsada por el exgobernador Enrique Alfaro y la mayoría de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, llegó al cargo sin experiencia en la defensa de derechos humanos y reemplazó a casi todo el equipo técnico, incluso con personas con antecedentes de violaciones a derechos.

Fue hasta el 10 de marzo de 2025, cinco días después del hallazgo en el rancho Izaguirre y cuatro años después de la recomendación, que la CEDHJ abrió de oficio una nueva investigación. Informó que realizó una visita al lugar el 11 de marzo y dictó medidas cautelares el día 14. No obstante, su intervención concluyó el 24 de marzo al ser atraída la investigación por la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a quien se remitió la documentación tres días después.