Por Redacción Contra Réplica

Gobierno potosino asegura estabilidad y recursos para elecciones judiciales del 1 de junio

Se garantiza paz social y suficiencia presupuestal para llevar a cabo el proceso en los 59 municipios del estado.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó su compromiso de asegurar un ambiente de paz, legalidad y gobernabilidad durante el desarrollo de la campaña electoral correspondiente al proceso judicial que culminará con las elecciones del próximo 1 de junio.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que se mantiene una coordinación permanente con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de seguridad, transparencia y participación ciudadana en cada una de las etapas del proceso.

Enfatizó que el proceso electoral para elegir a jueces, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial se desarrollará con plena legitimidad, gracias al trabajo interinstitucional y al respeto de los principios democráticos que rigen al estado.

En cuanto al aspecto financiero, Torres Sánchez aseguró que se están tomando las previsiones necesarias para que no haya contratiempos económicos. Se garantiza la disponibilidad de los recursos suficientes para realizar la jornada electoral sin afectaciones en los 59 municipios potosinos, cumpliendo así con los lineamientos establecidos por las autoridades electorales.

El funcionario también señaló que el Gobierno del Estado seguirá brindando todo el respaldo necesario a las instituciones encargadas del proceso, con el propósito de fortalecer la confianza de la ciudadanía en los mecanismos de justicia y elección popular. Recalcó que no se permitirá ninguna acción que atente contra la integridad del proceso ni contra el orden público.

Con estas acciones, San Luis Potosí reafirma su compromiso con la democracia, la estabilidad institucional y el fortalecimiento del Estado de Derecho en beneficio de la población.