Este pasado 29 de abril dio inicio formalmente la elección local para elegir jueces, magistrados e integrantes del Comité de Disciplina Judicial, y por todos lados surgieron en redes las recomendaciones a las candidaturas, exponiendo uno de los más grandes problemas de la abogacía y derrumbando la idea de que el abogado es bueno para hablar o que sabe comunicar de manera correcta, una falacia que, sin lugar a dudas, se mantenía hasta hace unos pocos días, cuando, triste y lamentablemente, los candidatos comenzaron a expresarse mediante las redes sociales. Y vaya barbaridad de errores de comunicación exhibidos, vaya falta de estrategia, es más, incluso vaya complejidad la expresada, al punto de que las personas apenas si pueden mantenerse entretenidas con los deficientes discursos jurídicos manifestados por los aspirantes a dichos cargos, resaltando incluso las diferentes condiciones en las que compiten. Es evidente que es imparcial la forma en la que están compitiendo personajes con trayectoria política y personajes con experiencia judicial, pero así es el juego.
Lo interesante fue que la campaña arrancó de manera similar para todos, algunos con diseños más sencillos, otros apoyados por un equipo de comunicación, pero todos replicando el mismo estilo de presentación: “Soy un potosino, estudié, realicé, formulé”, y dejando de lado las herramientas que ofrece la modernidad, además sin utilizar medios como la inteligencia artificial. La comunicación política es más que el lenguaje liso y llano, que dicho sea de paso, acompañado de ostentosos trajes, aleja de la intención del voto, misma que se pierde entre tantos mensajes, sin eslogan, sin logotipo, sin identidad, solamente diseños básicos de edición que no han dejado grabada en el pensamiento de los electores alguna reseña o algún símbolo de identidad para los votantes. Pero caray, estamos en pañales en los aspectos de la elección, incluso para los abogados, a quienes históricamente se les ha calificado como políticos. Y la realidad es que desnuda de manera increíble el hecho de que, a días de empezada la elección, no sepan siquiera cómo van a manejar la estrategia jurídica, y ya ni hablar de la forma en la que comunican sus ideas.
Entre los temas que más saltan a la luz está la cuestión de no entender el funcionamiento del sistema electoral, una deficiencia que no es de los candidatos, sino de las autoridades administrativas, y sobre todo de los impulsores de la reforma, quienes cumplieron con el requerimiento partidario de impulsarla y se desentendieron del proceso. ¿En dónde están los legisladores que a capa y espada defendieron la reforma? Están ocupados en sus asuntos, en las propias elecciones, y a los aspirantes al Poder Judicial los dejaron a su suerte, sin un panorama claro de cómo efectuar la elección, que al día de hoy no ha sido explicada ni por el Instituto Nacional Electoral ni por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que optó por impulsar el supuesto trampolín político denominado Red de Mujeres Juzgadoras Candidatas, un mecanismo que solo es activado durante la elección y, posterior a ella, ha sido utilizado para que perfiles que dirigen asociaciones electorales de membrete se cuelguen logros que no resuelven los temas de fondo. Las candidatas aspirantes se reunieron en el Consejo, se tomaron la foto, firmaron los compromisos y jamás les explicaron de qué va la elección; e incluso, en ningún momento se les advirtió que serían acomodadas las candidaturas de forma que algunos aspirantes no obtendrán sus votos de la capital, sino que los obtendrán de municipios en donde ni siquiera se espera una fuerte participación.
Los cuestionamientos son muchos y las respuestas pocas. Conforme vayan avanzando los días seguirán surgiendo las dudas por parte de los aspirantes judiciales, y las autoridades, lejos de capacitar a las personas candidatas, e incluso, más complejo aún, a la ciudadanía, se quedaron pasmadas ante la falta de experiencia de los integrantes de un Consejo Electoral a modo: pasmado, sin capacidad de respuesta y temeroso de los retos que implica una elección en cualquiera de las formas. Al final, quien ocupa un costoso lugar en el Consejo supondría tener experiencia, un camino recorrido y, sobre todo, capacidad para desarrollar una elección, cuando no es así. En sentido contrario, observamos cómo la incapacidad se ha limitado a eventos de relumbrón. ¿Cuántos de los consejeros actuales han salido a realizar actos de promoción del voto?, ¿cuántos de ellos están comprometidos con la democracia y cuántos solamente se encuentran calentando la silla por un jugoso sueldo, a la espera de concluir los 7 años en tranquilidad y buscando saltar a un nuevo escalón dentro de la burocracia para seguir manteniendo privilegios? Y a los candidatos únicamente les desean suerte, y a los electores, que participen, pero sin una campaña activa. Así que esperemos que la votación sea al menos superior a la participación del plebiscito de Villa de Pozos, porque si no, habremos hecho un gasto extraordinario para cumplir un capricho.
