En promedio, la Policía Cibernética atiende de siete a 10 reportes al mes por filtración de imágenes íntimas a mayores de edad en San Luis Potosí. El director de Tecnologías de la Información e Inteligencia en Seguridad Pública del C5, Esteban Macías, informó que, el 2025 acumula 40 víctimas que son canalizadas a la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Las estadísticas locales no revelan un censo oficial sobre estas incidencias, sin embargo, en enero de este año, la autoridad municipal aseguró que en el último semestre de 2024, se detectaron más de 30 mil imágenes de contenido sexual ilícito que fueron bajadas de la web. Al mismo tiempo que refirieron, el 10 por ciento de ellas, involucran a víctimas menores de edad.

"La Policía Cibernética apoya y da la orientación. Pero las víctimas se canalizan a las carpetas de la Fiscalía, porque esto rebaza la cuestión preventiva. En realidad, ya es un hecho delictivo", señaló Macías.

En San Luis Potosí, el Código Penal del Estado establece en su artículo 187, que comete el delito de difusión ilícita de imágenes íntimas, quién transmita, publique o difunda imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual obtenidas con el consentimiento o no de una persona; pero sin la autorización de esta, para su difusión. Lo que se sanciona con tres a seis años de prisión. 

"Es posible bajar las imágenes, en su momento se les da ese tipo de orientación para que las personas a través de ciertos pasos en internet puedan bajar este tipo de imágenes", apuntó el titular.

Según la ley, la FGE y la Policía Cibernética están facultados para ordenar que una empresa prestadora de redes sociales o medio de comunicación, retiren de forma inmediata algún contenido íntimo filtrado. Lo que, posteriormente, deriva en investigaciones para castigar al responsable. Y será de un modo más grave según se identifiquen relaciones de poder, laborales, domésticas, docentes o que impliquen a un funcionario público. Así como también, en mayor grado, cuando se trate de víctimas menores de edad o con discapacidad.

Al corte de abril de este año, la mayoría de víctimas canalizadas a investigación penal, señaló el titular, en realidad rebasan los 18 años. Y aunque, el caso procedente es competencia de la autoridad, refrendó que en sus servidores telefónicos se cuenta con contención emocional. Así como asistencia virtual para accionar los mecanismos protocolarios.