El gobierno militar de Mali ha anunciado la suspensión de las actividades de todos los partidos políticos y asociaciones políticas "hasta nuevo aviso", argumentando razones de orden público. La medida, formalizada mediante un decreto firmado por el presidente de transición, el general Assimi Goita, se produce días después de una manifestación prodemocracia en Bamako, la primera desde los golpes de Estado de 2020 y 2021. 

La decisión ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La Unión Africana ha expresado que esta suspensión podría obstaculizar el proceso de transición hacia un gobierno civil y ha instado a las autoridades malienses a reconsiderar la medida y trabajar en una hoja de ruta inclusiva para restaurar el orden constitucional. 

En paralelo, una conferencia política nacional recomendó recientemente que Goita permanezca en el poder por un período renovable de cinco años y propuso la disolución de los partidos políticos existentes, lo que ha intensificado las críticas sobre la consolidación del poder militar y el retroceso democrático en el país. 

Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado que estas acciones forman parte de una represión continua contra la oposición y la disidencia pacífica, y han pedido la revocación inmediata de la suspensión para permitir un espacio cívico abierto y pluralista.

La situación en Mali sigue siendo volátil, con la comunidad internacional observando de cerca los desarrollos y la población maliense exigiendo un retorno a la democracia y el respeto a las libertades fundamentales.