La transmisión de una campaña del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en canales de televisión mexicanos ha detonado un encendido debate político y jurídico sobre el futuro de la libertad de expresión en el país. El anuncio, protagonizado por la secretaria Kristi Noem, advierte contra la migración ilegal a territorio estadounidense y fue difundido el pasado 22 de abril a millones de televidentes en México. Este hecho ha coincidido con el impulso desde el gobierno federal de una polémica reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que podría dotar al Ejecutivo de nuevos mecanismos de control informativo.
Diversos sectores, incluidos académicos, abogados y partidos de oposición, han manifestado su preocupación ante lo que consideran una amenaza directa a las libertades fundamentales. José Alfonso Rodríguez, coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Querétaro y expresidente de la Barra Queretana de Abogados, calificó la iniciativa como autoritaria y advirtió que el artículo 109 del proyecto contempla la posibilidad de bloquear plataformas digitales con apoyo de una nueva agencia de transformación digital, cuyas atribuciones no están claramente definidas.
Rodríguez también señaló el riesgo de que esta herramienta sea utilizada políticamente para silenciar críticas, particularmente por parte de la futura administración federal. “La presidenta Sheinbaum tendría una herramienta más de control político… podría hacer uso de ésta para bloquear voces disidentes”, declaró. Además, denunció que la propuesta abre la puerta al espionaje oficial en entornos digitales, lo que consideró un atentado contra los valores democráticos y el derecho a disentir.
El texto de la reforma, que establece que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital”, ha sido interpretado por organizaciones civiles y opositores como una fórmula vaga y peligrosa, que permitiría restringir arbitrariamente el acceso a información. Ante este escenario, la discusión pública se intensifica mientras se definen los alcances reales de la propuesta legislativa.
