Washington y Nueva York. La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su campaña contra los inmigrantes indocumentados, implementando medidas que han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Entre las acciones más controversiales se encuentra la deportación de inmigrantes a países con condiciones de seguridad precarias. Informes recientes indican que se han enviado personas a El Salvador y se planean deportaciones a Libia, nación afectada por conflictos armados y conocida por abusos contra migrantes en centros de detención. Estas decisiones han suscitado críticas por posibles violaciones al principio de no devolución, que prohíbe enviar a individuos a lugares donde puedan enfrentar tortura o persecución.
Además, la administración ha promovido una campaña mediática para alentar la "autodeportación" de inmigrantes, incluyendo videos en español que instan a los indocumentados a regresar voluntariamente a sus países de origen. Esta estrategia ha sido calificada de discriminatoria por autoridades mexicanas y ha generado múltiples quejas ante organismos de derechos humanos.
A pesar de estas medidas, expertos señalan que las cifras de deportaciones no alcanzan los niveles prometidos por el gobierno. Mientras la Casa Blanca afirma haber deportado a más de 139,000 personas en los primeros tres meses del año, análisis independientes sugieren que el número real es considerablemente menor.
La política migratoria de Trump también enfrenta desafíos legales. Más de 143 acciones judiciales han sido presentadas contra las medidas del gobierno, incluyendo fallos que prohíben el uso de leyes antiguas para justificar detenciones y deportaciones masivas. En particular, la invocación de la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar a venezolanos ha sido objeto de litigios, con jueces federales cuestionando la legalidad de estas acciones.
En respuesta a estas políticas, diversas comunidades y autoridades locales han tomado medidas para proteger a los inmigrantes. En Newark, Nueva Jersey, el alcalde Ras Baraka lideró una protesta contra un nuevo centro de detención federal y anunció sanciones por violaciones de códigos locales. Asimismo, vecinos en diferentes partes del país han documentado y denunciado acciones de agentes migratorios que consideran abusivas o ilegales.
La intensificación de la represión migratoria por parte de la administración Trump continúa generando un clima de tensión y preocupación, mientras organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil mantienen su oposición a estas políticas.
