Repartidores de plataformas digitales que operan en plazas comerciales de Atizapán de Zaragoza han denunciado desde inicios de año la presencia de supuestos “sindicatos” que, sin reconocimiento legal, exigen cuotas de afiliación de hasta 4 mil pesos y pagos mensuales de 500 pesos bajo amenaza de impedirles el acceso a zonas de carga si no cumplen con dichas condiciones.

Los afectados aseguran que estas agrupaciones aprovechan el vacío legal que aún existe en las aplicaciones respecto a la figura sindical para imponer cuotas y amedrentar a quienes se rehúsan. Como respuesta, han surgido colectivos como “Los Demonios del Asfalto”, quienes han comenzado a coordinarse de forma autónoma a través de grupos de WhatsApp para alertarse sobre situaciones de riesgo, dialogar con autoridades y difundir información sobre la próxima fase de implementación de la reforma a las aplicaciones digitales.

Uno de los repartidores entrevistados, quien pidió mantener el anonimato por seguridad, explicó que estas organizaciones no representan genuinamente los intereses laborales del gremio, sino que operan únicamente con fines económicos: “Nos dicen que si no nos afiliamos, no podremos trabajar en ciertas zonas. Eso no es sindicalismo, es extorsión”.

Ante este panorama, los repartidores han mostrado preocupación sobre cómo la reforma a la Ley Federal del Trabajo —vigente desde el 22 de junio de 2025— puede abrir espacios para abusos si no se implementa con claridad y justicia. La nueva legislación busca formalizar el trabajo en plataformas digitales, garantizando seguridad social, salario mínimo, derechos laborales y transparencia algorítmica. No obstante, los trabajadores piden que también se contemplen sus gastos operativos, como gasolina y mantenimiento, para definir esquemas justos de aportación.

“Un cobro adicional, ya sea del 2% por la reforma o por parte de estos falsos sindicatos, puede quebrar nuestra economía. Necesitamos un esquema equilibrado que respete nuestra realidad y nuestros ingresos”, expresó el repartidor.

El llamado final fue a la sociedad y a las autoridades para frenar los abusos y asegurar que la reforma realmente proteja la dignidad y los derechos de quienes mantienen en movimiento la economía digital desde las calles.