El Gobierno nacional pidió al Senado de Colombia que dé trámite inmediato a la Consulta Popular sobre la reforma laboral, sin esperar la resolución de la apelación interpuesta por algunas bancadas tras el archivo del proyecto en la Comisión Séptima. Durante una plenaria de más de cuatro horas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que, con apenas cinco semanas para el cierre del periodo legislativo el próximo 20 de junio, hay un alto riesgo de que la reforma quede sin efecto.
“Lo primero que tenemos que hacer es votar la Consulta Popular, es el camino más seguro para garantizar la reforma laboral”, expresó Sanguino, quien además criticó la lentitud en el trámite de la apelación, señalando que han pasado hasta diez semanas sin avances significativos. A pesar de ello, aclaró que el Gobierno respetará la decisión del Senado si opta por dar curso a la apelación o impulsar nuevamente la minireforma del Partido Liberal.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó el uso de este mecanismo de participación ciudadana y subrayó que no se trata de un simple trámite, sino de “la voz del pueblo sobre sus derechos laborales”. En su intervención, apeló a la Ley 134 de 1994, que habilita la Consulta Popular como vía para resolver bloqueos institucionales, y desestimó las críticas sobre el costo que implicaría su realización: “La democracia no es barata; las dictaduras sí lo son”.
El Ejecutivo insistió en que el respaldo parlamentario es clave para que, una vez aprobada la Consulta, el presidente Gustavo Petro convoque a la ciudadanía en un plazo de tres meses para votar el mecanismo. Con este llamado, el Gobierno busca asegurar la continuidad del proyecto laboral, que contempla mejoras en las condiciones de los trabajadores y mayor protección de sus derechos, pese a los obstáculos legislativos.