La tensión en Panamá aumentó este miércoles cuando la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que bloqueaban la carretera Panamericana a la altura de la comunidad de El Piro, en la provincia de Veraguas, ubicada en la zona comarcal de la etnia Ngobé-Buglé. La protesta, que forma parte de una serie de movilizaciones contra la reforma al régimen de pensiones, ha alcanzado su tercera semana y cuenta con la participación activa de comunidades indígenas, quienes han dejado sus viviendas para unirse a las manifestaciones.

Las autoridades abrieron la carretera internacional, pero las protestas continuaron en diversos puntos del país. Los dirigentes indígenas denunciaron lo que calificaron como una “persecución” por parte de las fuerzas de seguridad, acusando un trato brutal contra las comunidades y dirigentes. Aseguraron que no solo se han producido ataques violentos, sino que también se están realizando intimidaciones casa por casa, aunque no se ha confirmado de manera oficial la existencia de heridos.

Las protestas, que se consideran las más grandes desde las masivas manifestaciones que llevaron a la anulación judicial de un contrato de concesión para operar una mina de cobre en 2023, están impulsadas por el rechazo a la reforma de la ley de seguridad social, aprobada en marzo, que afecta principalmente a las pensiones. Además, los manifestantes se oponen al memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos y a la posible reapertura de la mina de cobre que fue cerrada en diciembre del año pasado.

Este conflicto se enmarca en una huelga general que ha sido respaldada por sindicatos de la construcción, maestros y obreros bananeros, quienes exigen la derogación de la reforma y se han unido a las protestas en defensa de los derechos laborales y sociales.