Las muertes ocasionadas por accidentes de transporte público concesionado en la Ciudad de México continúan en aumento, según los Reportes Trimestrales de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad. En 2023, se registraron 59 víctimas fatales, cifra que aumentó a 69 muertes en 2024, principalmente involucrando autobuses de pasajeros y microbuses.

En ese contexto, la diputada local Patricia Urriza (MC) presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad para hacer obligatorio que los choferes del transporte público concesionado reciban capacitación anual en seguridad vial, bajo la amenaza de revocar la concesión a las empresas que no cumplan. La propuesta busca reformar el artículo 230 de la Ley de Movilidad, que obligaría a los concesionarios a acreditar estas capacitaciones ante la Secretaría de Movilidad.

El problema se agrava con la falta de entrenamiento continuo de los conductores, quienes solo deben completar una capacitación inicial teórica y práctica de entre seis y ocho horas para obtener su licencia tipo C. En muchos casos, se registran quejas por exceso de velocidad, invasión de carriles y mal trato hacia los pasajeros.

La situación es particularmente grave en el caso de los Metrobuses, cuyas muertes pasaron de cinco en 2023 a 12 en 2024. Además, los taxis también aumentaron de siete muertes en 2023 a 12 en 2024. En este sentido, Areli Carreón, fundadora de la asociación civil Bicitekas, destacó que "entre mayor es el tamaño y el peso del vehículo, más riesgoso es para la seguridad vial".

La iniciativa de Urriza se inspira en programas internacionales como el Driver Certificate of Professional Competence (CPC) del Reino Unido, que exige a los conductores de transporte público renovar su certificación cada cinco años mediante 35 horas de formación continua. Según expertos, esta medida ha sido eficaz en reducir accidentes y mejorar la calidad del servicio.

La diputada también argumentó que el mal servicio en las rutas de transporte público ha sido una constante preocupación, con miles de quejas presentadas en los últimos años por exceso de velocidad y el comportamiento imprudente de los conductores.

Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), respaldó la propuesta, aunque subrayó la importancia de aplicar estrictamente los reglamentos de tránsito para garantizar la seguridad.

Si la reforma es aprobada, se espera que pueda reducir las cifras de accidentes y muertes causadas por hechos viales en la ciudad, especialmente entre peatones y ciclistas, quienes son los más vulnerables ante la conducción imprudente de los choferes.