La reaparición del gusano barrenador, una plaga que México había erradicado hace más de tres décadas, ha encendido las alertas en el sector agroalimentario nacional. Especialistas y organizaciones del ramo vinculan su regreso con los recortes presupuestales al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA) del Senasica, ocurridos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La larva, que afecta al sector pecuario, también representa un riesgo para la salud humana, con dos casos de infección confirmados en personas, lo que agrava la preocupación sobre la debilitación del sistema de vigilancia y control fitosanitario en el país.
Aunque en 2020, al inicio de su administración, López Obrador duplicó el presupuesto del programa, llevándolo de 2,128 millones a 4,028 millones de pesos, en los años posteriores —bajo su política de "pobreza franciscana"— el PSIA sufrió reducciones significativas.
Uno de los momentos de mayor tensión se vivió en 2022, cuando López Obrador se enfrentó con el entonces director de Senasica, Francisco Javier Trujillo Arriaga, debido a la negativa del organismo de permitir importaciones de carne desde Argentina y Uruguay sin cumplir con los protocolos sanitarios. La confrontación llevó al presidente a exigir cambios en la dependencia, acusando a Trujillo de obstaculizar la importación libre de alimentos.
Paradójicamente, esa decisión de Senasica resultó ser acertada: en diciembre de ese mismo año, México restringió la importación de pavos estadounidenses, que poco después fueron detectados con influenza aviar, obligando al sacrificio de 40 millones de aves en EE.UU.
Aunque el presupuesto para 2024 y 2025 volvió a aumentar ligeramente —con asignaciones de 3,505.5 y 3,640.4 millones de pesos respectivamente—, los montos aún no alcanzan los niveles registrados en 2020. Esto, señalan expertos, ha comprometido la capacidad del país para prevenir y contener plagas, afectando tanto al comercio internacional como a la seguridad sanitaria nacional.
El caso del gusano barrenador pone en evidencia las consecuencias de las decisiones presupuestarias y la necesidad urgente de reforzar los sistemas de sanidad agroalimentaria, en un contexto donde las enfermedades y plagas pueden cruzar fronteras con mayor facilidad que nunca.