En las cárceles mexicanas, las mujeres viven en la penumbra, no solo alejadas de la sociedad, sino también de sus derechos más básicos. Uno de ellos, el derecho a menstruar con dignidad, es constantemente ignorado, dejando a miles de internas en condiciones indignas. "Cada vez que una mujer es privada de su libertad, también es privada de su derecho a menstruar con dignidad", afirman Betty, Dulce y Blanca, mujeres que han sobrevivido a un sistema penitenciario que las ha marginado y maltratado.

Betty Maldonado, quien estuvo en el penal de Islas Marías durante el sexenio de Calderón, vivió una experiencia estremecedora. Sin agua potable, sin productos de higiene y compartiendo espacio con más de 500 mujeres, improvisó toallas con camisetas y esponjas. "Era lo único que me hacía sentir viva", recuerda, al mencionar que el lápiz labial era su único símbolo de resistencia.

Dulce Obregón, arraigada injustamente durante 56 días, relata que durante su menstruación solo recibió papel higiénico. En un ambiente donde el agua estaba contaminada, las copas menstruales no eran una opción. "El agua está contaminada, las copas menstruales no sirven, y la menstruación digna es solo una fantasía", declara.

Blanca Estela Guevara, quien pasó diez años en el penal de Santa Martha, recuerda que la ropa sucia y el abandono fueron la bienvenida. "Las mujeres ahí dentro no existen para nadie. Nadie las voltea a ver. Y nadie piensa que también menstrúan", señala, al tiempo que lamenta la falta de atención del Estado.

En 2020, durante una inspección en plena pandemia, Hilda Téllez Lino, defensora de derechos humanos, constató el abandono institucional. La falta de recursos para la higiene menstrual en las cárceles es una realidad que ha sido ignorada por años, y el costo elevado de los productos en prisión hace que las internas se vean obligadas a improvisar.

La campaña #UnPeriodoEnPrisión, impulsada por Mujeres Unidas por la Libertad, busca visibilizar esta problemática y exigir al Estado el acceso gratuito y mensual a productos menstruales desechables en todas las cárceles. Aunque en 2022 se distribuyeron toallas sanitarias en centros penitenciarios del Estado de México, esto no debe ser una excepción, sino una obligación del sistema penitenciario.

Con más de 14,200 mujeres privadas de su libertad, el sistema penitenciario mexicano sigue sin garantizar el acceso a productos menstruales dignos. La Recomendación 35/2021 de la CNDH reconoció la gestión menstrual digna como un derecho humano, pero la falta de políticas públicas efectivas sigue siendo un desafío. La cifra de más de 4 millones de toallas anuales necesarias para cubrir las necesidades de todas las mujeres en prisión es un recordatorio de la magnitud del problema.

El silencio ante esta situación no es neutro. La menstruación no se detiene en prisión; simplemente se vuelve más dolorosa y más inhumana. Las mujeres privadas de su libertad no piden lujos, solo dignidad. Nadie debería menstruar con basura.