En una declaración que sacudió tanto al Parlamento japonés como a los mercados financieros, el primer ministro Shigeru Ishiba reconoció este lunes que la situación fiscal de Japón es “extremadamente precaria, peor que la de Grecia”. La afirmación, realizada durante una sesión legislativa, encendió las alarmas en el Ministerio de Finanzas y puso en evidencia la creciente preocupación por la sostenibilidad de la economía japonesa.
Con una deuda pública que alcanza el 234.9 % del PIB, rendimientos de bonos en máximos de dos décadas y una economía en contracción del 0.7 % en el primer trimestre del año, la advertencia de Ishiba no es una exageración retórica, sino un diagnóstico alarmante. “No podemos estar de acuerdo con la idea de reducir los impuestos y cubrir el déficit de ingresos resultante con bonos del gobierno”, afirmó tajante.
Ishiba, que asumió el poder hace ocho meses tras la salida de Fumio Kishida, llegó con la promesa de poner fin a los excesos de la Abenomics y devolver disciplina al presupuesto. Su enfoque ha provocado lo que analistas denominaron el “shock Ishiba”: una sacudida en los mercados y el retorno a una política fiscal ortodoxa.
El desafío es mayúsculo. Japón destinará cerca de un cuarto de su presupuesto inicial solo al pago de intereses y amortizaciones de deuda, mientras los gastos sociales se disparan por el envejecimiento de su población: casi un tercio de los japoneses supera los 65 años. Aunque la deuda está mayoritariamente en manos nacionales, el reciente abandono de los tipos negativos por parte del Banco de Japón y la inflación creciente reducen el margen de maniobra del gobierno.
A esto se suma la amenaza comercial de Washington. El presidente Donald Trump ha anunciado aranceles del 24 % sobre productos japoneses si no se renegocia un acuerdo antes de julio, una medida que golpearía de lleno a la industria automotriz, piedra angular de las exportaciones niponas.
Los economistas coinciden en que, aunque un colapso como el de Grecia es poco probable debido a la capacidad del Banco de Japón de absorber deuda, el país sí podría enfrentar una recesión prolongada. El consumo privado está estancado y el capital se repliega ante la incertidumbre fiscal.
Ishiba, consciente del riesgo, prepara recortes selectivos en subsidios y estudia elevar el impuesto al consumo del 10 % al 15 % para 2027, una medida polémica en vísperas de elecciones. Sin embargo, insiste en que aumentar la deuda sería suicida: “Es importante reconocer los peligros de una sociedad y un mundo con tasas de interés”.
La fragilidad de Japón no reside solo en sus cifras macroeconómicas, sino en la pérdida de confianza. Si esta se erosiona, ni siquiera la capacidad de emisión monetaria bastará para evitar una crisis de mayor escala.