Al pie del edificio del Congreso del Estado, personas rehabilitadas y familiares protestaron este jueves, en contra de una iniciativa legislativa que prohibe anexar a personas en contra de su voluntad. La propuesta que fue postulada por la diputada, Martha Patricia Aradillas Aradillas, tenía la intención de tipificar como privación ilegal de la libertad al uso de fuerza o condiciones denigrantes para rehabilitar a una persona de acuerdo con la Ley General de Salud.

Hace una semana, la legisladora del Partido Verde Ecologista (PVEM) estableció ante el pleno, la urgencia de garantizar el derecho de personas con trastornos mentales o adicciones, al consentimiento informado y respeto a la libertad personal. De tal figura que, presentó una serie de reformas y derogaciones en los textos del artículo 156 del Código Penal del Estado, así como de los artículos 23 y 24 de la Ley de Prevención y Control de Adicciones; y el artículo 20 de la Ley de Salud Mental. Con el fin de armonizar a la legislación local en materia de salud mental y derechos humanos de personas que sean ingresadas de forma obligada en instituciones de rehabilitación

Sin embargo, entre consignas como “recuperación sin discriminación”, los manifestantes quienes se identificaron como personas rehabilitadas, pidieron a las autoridades una consulta cercana a los familiares para conocer las necesidades de los anexos en San Luis Potosí. Pues aseguran que “el anexo les salvó la vida”.

“Estamos hablando de seres humanos que necesitan reintegrarse a la sociedad. Son enfermos… Ahí solamente los contienen porque desafortunadamente hay mucha gente que está consumiendo y muchos vendedores en las calles”, señaló una de las madres que participaron en el contingente.

Entre las solicitudes, adecuaron que requieren de la presencia de trabajadoras sociales y personal de salud al interior de los anexos, para que así se apoye en la recuperación digna de los pacientes. Rechazando ampliamente la propuesta de perseguir como delito, a los familiares que por la fuerza busquen alejar las adicciones de sus hogares.

“Para nosotros no es solo un anexo. Lo que tú ves como una privación ilegal de la libertad, nosotros lo vemos como una oportunidad de vida para nuestro familiar”, gritaron.

Cabe resaltar que, actualmente el marco legal estipula que para internar a una persona, es requisito la autorización de un médico que testifique que la persona podía representar “un peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros”. Sin embargo, en diversos casos, podían transcurrir varios días posteriores al ingreso de la persona para que los familiares dieran aviso de ello, al Ministerio Público. Lo que, Aradillas Aradillas en tribuna, había resaltado como “una serie de supresiones a los derechos humanos y garantías”.