Durante la conferencia mañanera del pasado 26 de mayo, el dirigente de Morena, Mario Delgado, defendió el Fondo de Pensiones del Bienestar como una alternativa sólida ante las crecientes críticas al sistema de cuentas individuales impuesto desde la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. Sin embargo, docentes organizados y expertos en seguridad social señalan que esta propuesta es insuficiente y contradictoria, al no ofrecer una verdadera solución a las demandas del magisterio ni atender las causas estructurales del problema pensionario.

Delgado aseguró que el fondo beneficiará principalmente a los trabajadores más jóvenes, quienes cotizan bajo el esquema de cuentas individuales desde la reforma impulsada por el expresidente Felipe Calderón. No obstante, el 76% de los trabajadores del sector público se encuentran ya dentro de este régimen, en el cual no aplica la congelación de la tabla de jubilación ni las condiciones de retiro establecidas para quienes lograron mantenerse en el Pensionissste.

Un maestro egresado de una normal inicia su carrera laboral entre los 22 y 23 años sin acceso a un esquema de jubilación garantizado. Según los lineamientos del nuevo fondo, deberá esperar hasta los 65 años de edad para poder jubilarse con el 100% de su último salario, lo que implica más de cuatro décadas de trabajo continuo, sin distinción de género. En contraste, antes de la reforma de 2007, una maestra podía retirarse tras 27 años y medio de servicio y un maestro después de 29 años y medio.

La propuesta de Delgado ha sido calificada como “insustancial” por diversos sectores del magisterio democrático, quienes recuerdan que fue gracias a la lucha jurídica de más de 2.5 millones de amparos que algunos trabajadores lograron conservar sus derechos. Acusan que el fondo no representa una mejora, sino apenas un paliativo que deja fuera a la mayoría de los actuales trabajadores del Estado.

Además, critican que mientras las Afore controlan el 20.3% del PIB en activos, las ganancias generadas por el manejo de esos recursos —a través de comisiones e inversiones— siguen en manos de la banca privada, sin beneficio real para los trabajadores. Aunque Delgado reconoció que esos fondos son propiedad de los ahorradores, omitió referirse al lucrativo negocio que representa su administración.

El llamado al diálogo del gobierno federal también ha sido puesto en duda. A pesar de las mesas de trabajo con la CNTE, la postura oficial de que “no habrá más ofrecimientos” —anunciada por la Secretaría de Gobernación incluso antes de reunirse con la dirigencia— ha sido interpretada como una cancelación anticipada de cualquier posibilidad de negociación real.

Aun así, el magisterio ha presentado alternativas viables, como la transferencia voluntaria de sus ahorros de cuentas privadas a un sistema de administración pública con fines sociales, fortaleciendo instituciones como el Banco del Bienestar. Esta medida implicaría un cambio estructural que permitiría financiar de forma solidaria las pensiones de los trabajadores en retiro con aportaciones de los activos, estableciendo un fondo intergeneracional.

Frente al argumento oficial de que las propuestas de la CNTE resultarían en un desfalco para las finanzas públicas, los docentes plantean que las ganancias obtenidas por la banca privada mediante el manejo de sus ahorros podrían ser utilizadas para sostener y ampliar el fondo solidario.

La discusión, afirman, ya no es técnica sino política: el Estado debe decidir si se alinea con los trabajadores o sigue beneficiando al sistema de Afore. La disyuntiva está sobre la mesa.