La cancelación de la visa a Norma Bustamante, alcaldesa morenista de Mexicali, por "vínculos con redes de corrupción" según el consulado estadounidense, debería ser un escándalo mayor. Pero en el México de la Cuarta Transformación, es solo otro acto del circo político diseñado para que hablemos de todo menos de lo esencial. Mientras la narrativa oficial se enfoca en victimizar a la funcionaria y culpar a Estados Unidos de "injerencista", perdemos de vista lo verdaderamente grave: la sistemática degradación de las instituciones bajo este gobierno, que ha convertido la impunidad en política de Estado.
Que una alcaldesa del partido en el poder sea señalada por corrupción no es novedad; lo escandaloso es el doble discurso con el que se maneja el caso. Recordemos: este es el mismo gobierno que en 2023 presumió la captura de "Los Cuatro", exfuncionarios de Mexicali acusados de desvío de recursos, como ejemplo de su "cero tolerancia" a la corrupción. Hoy, con Bustamante, el argumento es otro: "No hay pruebas", dicen, mientras documentos filtrados a LatinUs muestran comunicaciones comprometedoras entre la alcaldesa y empresarios beneficiados con contratos irregulares. La contradicción no podría ser más obscena.
Pero el verdadero crimen aquí no es la hipocresía, sino el costo de esta distracción. Mientras el gobierno centra el debate en si Estados Unidos tiene o no derecho a negar visas –olvidando que México hace exactamente lo mismo con extranjeros indeseables–, se esfuman de la agenda temas cruciales. ¿Dónde quedó la discusión sobre los más de 30 mil millones de dólares que Pemex ha perdido en esta administración? ¿O el escándalo de la Línea 12, cuyas víctimas siguen sin justicia? ¿O el hecho de que México vive una crisis de seguridad con más de 160 mil homicidios dolosos en este sexenio?
La estrategia es clara: cada vez que surge un caso que evidencia la podredumbre del sistema que dicen combatir, la mañanera lo convierte en un melodrama sobre "la mafia del poder". Así funcionó con Cienfuegos, con Bartlett, con García Luna. Y así funciona ahora. El mensaje que mandan es peligroso: la lealtad al proyecto está por encima de la ley.
Lo peor es que funciona. Mientras nos enredamos discutiendo si el consulado gringo fue "justo" o no, nadie pregunta por qué tantos funcionarios morenistas terminan en la mira de autoridades internacionales. Nadie exige transparencia sobre los contratos de Mexicali. Nadie recuerda que, según Transparencia Internacional, México sigue cayendo en el índice de percepción de corrupción.
Al final, este caso no es sobre una visa cancelada. Es sobre un gobierno que ha perfeccionado el arte de gobernar entre cortinas de humo. Y sobre una sociedad a la que, lamentablemente, cada vez le cuesta más trabajo ver más allá de ellas o peor aún, ya no hay interés de en estos temas.