A pesar de perder su mayoría histórica en el Congreso local tras 27 años, el Partido Acción Nacional (PAN) logró frenar, con el apoyo del PRI y el PVEM, el paquete de reformas impulsado por Morena y Movimiento Ciudadano que buscaba garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la despenalización del aborto.

Colectivos feministas como Verde Aquelarre denunciaron el retroceso legislativo y criticaron con firmeza a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, la primera mujer en ese cargo, por su silencio ante lo que califican como una regresión impulsada por su partido. “No se puede hablar de un gobierno feminista cuando se legitiman discursos que criminalizan nuestra autonomía”, sentenciaron.

La iniciativa reformista incluía no sólo la eliminación del delito de aborto del Código Penal, sino también el acceso garantizado a servicios de interrupción legal del embarazo en instituciones públicas, educación sexual integral en escuelas básicas, y la modificación al artículo primero de la Constitución estatal, que actualmente protege la vida desde la concepción.

De las propuestas, solo la modificación a la Ley de Educación fue aprobada por unanimidad. El resto fue archivado por el bloque conservador, a pesar de que Morena preside las comisiones de Justicia, Salud y Educación.

La postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tradicionalmente alineado a causas progresistas, sorprendió al alinearse con el PAN. Su coordinador, Sergio Contreras Guerrero, reafirmó una postura “provida” y se opuso abiertamente a garantizar el aborto en hospitales públicos.

Por su parte, la diputada del PRI Rocío Cervantes, cuyo voto es decisivo, se mantiene ambigua: “Estoy a favor de la vida y en contra de la criminalización de las mujeres”. Su posición será clave en la sesión de este jueves 29 de mayo, donde se votará un dictamen alterno para reformar el Código Penal.

En paralelo, el PAN presentó la llamada Ley de Protección a la Maternidad y la Primera Infancia, que propone financiar con recursos públicos a organizaciones dedicadas a “proteger” a mujeres embarazadas, reforzando su postura sobre el inicio de la vida desde la concepción.

Feministas advierten que, mientras no se garanticen derechos, el aborto seguirá siendo un privilegio para quienes puedan pagarlo fuera del estado, dejando desprotegidas a las mujeres con menos recursos. La votación de este jueves marcará si Guanajuato avanza o profundiza una regresión legislativa en materia de derechos reproductivos.