La elección judicial extraordinaria celebrada recientemente ha encendido la alarma entre colectivos ciudadanos, quienes señalan una crisis de legitimidad ante la baja afluencia a las urnas. De acuerdo con encuestas independientes como las de Berumen y GEA-ISA, solo entre el 9% y el 11% del padrón habría participado, lo que ha motivado la exigencia de anular el proceso.

En conferencia de prensa, Guadalupe Acosta Naranjo, vocero de la organización Somos MX, anunció la integración de un expediente jurídico para impugnar formalmente la elección. Afirmó que no puede hablarse de democracia cuando la ciudadanía optó por no participar de forma masiva y consciente, y recalcó que “sin participación, no hay mandato legítimo”.

Entre las irregularidades denunciadas destacan el uso de listas con nombres prellenados, la coacción del voto, el acarreo de personas y la utilización de recursos públicos para promover a ciertas candidaturas. Ante ello, el senador Emilio Álvarez Icaza solicitó al Instituto Nacional Electoral vigilar los paquetes electorales e instalar cámaras en las bodegas donde se resguardan.

Para las organizaciones que cuestionan el proceso, la elección no solo careció de consenso social, sino que representa un intento del poder ejecutivo por someter a uno de los contrapesos institucionales más importantes. Por ello, consideraron que declarar su nulidad no es solo un acto legítimo, sino una medida necesaria para defender el Estado de derecho.