El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que prohíbe la entrada de ciudadanos de 12 países y restringe parcialmente a otros siete, entre ellos Cuba y Venezuela. La medida, que entrará en vigor el próximo lunes, abarca a personas migrantes y no migrantes, afectando visados de turismo, estudio y negocios. La Casa Blanca argumenta que estas decisiones responden a riesgos de seguridad nacional y a la falta de cooperación de los gobiernos involucrados.

Los países con prohibición total incluyen Afganistán, Irán, Somalia, Sudán y Yemen, mientras que la restricción parcial se aplicará a naciones como Burundi, Laos y Sierra Leona. Trump explicó que el ataque reciente en Colorado, presuntamente perpetrado por un extranjero sin documentos, fue un factor determinante. No obstante, se ha señalado que el país de origen del agresor no figura en la lista de vetados. La orden contempla excepciones únicamente si la fiscal general o el secretario de Estado consideran que el ingreso de una persona beneficia directamente al país.

La inclusión de Cuba y Venezuela en la lista ha generado reacciones inmediatas. Desde Caracas, el funcionario Diosdado Cabello afirmó que “estar en Estados Unidos es un riesgo para cualquiera, no solo para los venezolanos”. Washington, por su parte, sostiene que ambos países presentan deficiencias en el intercambio de información y documentación migratoria. Diversos grupos de derechos civiles en EE.UU. también han expresado su rechazo, al considerar que estas restricciones no hacen al país más seguro, pero sí separan a familias y aumentan la discriminación.

Este nuevo veto recuerda al controvertido “muslim ban” impuesto por Trump durante su primer mandato. Aunque ahora alega que se trata de una medida preventiva para evitar ataques como los registrados en Europa, expertos advierten que estas acciones podrían derivar en demandas legales. En paralelo, Trump anunció también la suspensión de visas estudiantiles para Harvard, intensificando su ofensiva contra instituciones que considera contrarias a su agenda. La medida profundiza las divisiones en torno a la política migratoria de su administración en este segundo mandato.