La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí dio un paso importante en la protección de la identidad y la privacidad digital al aprobar una reforma al Código Penal que castiga la manipulación de contenido íntimo sexual mediante inteligencia artificial sin consentimiento.

La iniciativa, presentada por la diputada María Dolores Robles Chairez, propone penas de tres a seis años de prisión y multas económicas para quien altere imágenes, audios o videos de una persona usando herramientas tecnológicas como redes neuronales generativas (GAN), con el fin de fabricar material falso que simule situaciones íntimas de carácter sexual. Estas sanciones también se aplicarían a quienes almacenen, compartan o difundan este tipo de contenido en cualquier medio.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión de Justicia, explicó que esta reforma responde al creciente uso de tecnologías de inteligencia artificial con fines maliciosos, que vulneran derechos fundamentales y constituyen una nueva forma de violencia digital.

“El avance tecnológico ha permitido crear imágenes falsas con un realismo alarmante. Esta práctica, conocida como deepfake, se ha convertido en una amenaza especialmente grave para mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes están más expuestos a sufrir daños emocionales, psicológicos y sociales”, advirtió la legisladora.

Además de sancionar estos actos como delitos, se incluirá el uso de inteligencia artificial como un agravante en los delitos contra la identidad, reconociendo el impacto que tiene la suplantación o manipulación de la imagen personal en el ámbito digital.

El dictamen modifica el artículo 187 BIS del Código Penal y adiciona nuevos párrafos al artículo 1787 BIS. Ahora será turnado al Pleno del Congreso para su votación final.

Con esta reforma, San Luis Potosí se suma a los esfuerzos legislativos en México por actualizar las leyes frente a las nuevas realidades digitales y garantizar que el desarrollo tecnológico no sea una vía para ejercer violencia ni violar derechos humanos.