Con la opinión técnica de inviabilidad por parte del Centro Estatal de Trasplantes y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado declaró por unanimidad improcedente una iniciativa del abogado José Mario de la Garza Marroquín que buscaba adicionar diversos ordenamientos de la Ley de Donación y Trasplantes para el Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa con proyecto de decreto buscaba adicionar segundo párrafo al Artículo 30 y adicionar los artículos 38 Bis, 38 TER y 38 QUATER.
Al leer en el Dictamen, el Centro Estatal de Trasplantes opinó que "el Estado no puede decidir sobre los órganos de los ciudadanos dado que ello sería violatorio de derechos humanos y que su donación debería ser siempre un acto altruista que de ninguna forma se debe realizar como una obligación, consecuentemente la decisión de donar debe ser otorgada por quien expresamente lo autoriza.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su análisis también se pronuncia en contra de la reforma porque "debe obtenerse el consentimiento de los familiares. Lo que resta utilidad al consentimiento tácito".

Añade que en la misma Ley vigente, "aunque la persona fallecida no hubiera manifestado expresamente su deseo de donar, los familiares pueden dar su consentimiento a la donación de órganos".

Durante la sesión de dio cuenta de que tan solo el costo de los fármacos como los inmunosupresores, por cada paciente trasplantado asciende a un millón 200 mil pesos.
Votaron en contra de la iniciativa la presidenta de la comisión diputada del PRI Frinné Azuara Yarzábal, de Movimiento Ciudadano Marco Antonio Gama Basarte, diputado del PVEM, Luis Felipe Castro Barrón, del PAN diputada Aranzazú Puente Bustindui y diputada Mireya Vancini y el diputado de Morena Carlos Artemio Arreola Mallol.