La transformación en la estructura del Poder Judicial ha generado una reacción inmediata entre su personal, con un inusual repunte en las jubilaciones y renuncias anticipadas. En tan solo cinco meses, el número de trabajadores que han decidido retirarse supera ya el total del año anterior, reflejando el temor y la desconfianza que ha generado la elección popular de jueces como nuevo mecanismo de designación.

El giro en los criterios para ocupar cargos judiciales, ahora enfocados en el voto ciudadano en lugar de la carrera profesional, ha sido uno de los principales detonantes del fenómeno. Para muchos servidores públicos del sector, este cambio representa una amenaza directa a la meritocracia, lo que ha motivado decisiones aceleradas de retiro ante la percepción de una desvalorización de la experiencia técnica en la impartición de justicia.

A la par de las jubilaciones, las vacantes en juzgados y tribunales se han multiplicado, afectando el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. La reforma, que eliminó también ciertos filtros técnicos en el proceso de selección, ha provocado una fuga de talento sin precedentes en el sistema judicial, en especial entre jueces con trayectorias consolidadas que prefirieron dejar sus cargos antes de enfrentar una transformación que consideran incierta.

Aunque las autoridades han asegurado que los nuevos procesos fortalecerán la democracia interna del Poder Judicial, el impacto inmediato ha sido una estructura debilitada, sin claridad sobre los perfiles que ocuparán los espacios vacantes ni certeza sobre la preservación de los estándares jurídicos que han regido hasta ahora.