Por Redacción Contra Réplica

San Luis Potosí fortalece protección a menores migrantes con reforma legal

Se prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma clave a la Ley de Atención y Apoyo a Migrantes, con el objetivo de salvaguardar los derechos de la infancia migrante que transita, se asienta o retorna al territorio potosino. La modificación al artículo 10 de dicha ley incorpora una fracción específica para garantizar que niñas, niños y adolescentes migrantes sean atendidos bajo el principio del interés superior de la niñez.

La iniciativa, impulsada por la diputada Brisseire Sánchez López y respaldada por la Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que preside el legislador Marcelino Rivera Hernández, responde a la realidad migratoria que vive la entidad. San Luis Potosí es considerado un estado de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, y ha experimentado un incremento notable en el número de personas extranjeras que buscan protección o refugio.

Tan solo entre 2015 y 2020, el estado fue destino para 3,470 personas desplazadas por violencia o inseguridad, ubicándose como el noveno con mayor número de presentaciones ante autoridades migratorias. Además, en 2021 fue séptimo en otorgamiento de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias y noveno en emisión de tarjetas de residencia permanente a personas con estatus de refugiado.

Rivera Hernández explicó que dentro de los flujos migratorios, las niñas, niños y adolescentes constituyen un grupo altamente vulnerable que requiere atención urgente y diferenciada. La adición a la ley busca precisamente establecer una base legal clara para proteger sus derechos y garantizar que accedan a servicios básicos, educación, salud y protección, sin importar su estatus migratorio.

Con esta reforma, San Luis Potosí reafirma su compromiso con una política migratoria más humana e inclusiva, que coloca a la niñez en el centro de las decisiones públicas. Esta medida representa un avance significativo hacia una mayor justicia social para quienes, en condiciones difíciles, buscan una vida mejor.