Con el objetivo de fomentar una atención médica incluyente, los Servicios de Salud en el Estado promueven una política de respeto hacia las personas que enfrentan problemas de adicción, subrayando que el consumo de sustancias no anula su condición como ciudadanos ni sus derechos fundamentales.

Dentro de esta estrategia, se prioriza el acceso a servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación sin juicios ni barreras, así como la garantía de ser atendidos con dignidad. También se reconoce el derecho a la información científica sobre riesgos y alternativas terapéuticas, así como el resguardo de la privacidad médica y decisiones personales.

Asimismo, se busca garantizar la reintegración social de quienes atraviesan procesos de recuperación, mediante oportunidades educativas, laborales y de convivencia que les permitan reconstruir su proyecto de vida. La autonomía en la toma de decisiones sobre su tratamiento es también un eje esencial, salvo en situaciones críticas que pongan en peligro su integridad o la de terceros.

Entre las prácticas que se rechazan de manera contundente se encuentran el uso de lenguaje despectivo, la negación de atención médica por consumo reciente y cualquier acción que implique discriminación o internamiento sin base legal y médica. Las autoridades estatales reafirman que combatir el estigma es clave para transformar vidas y construir una sociedad más justa.