En la mañana de este lunes, activistas por los derechos de animales domésticos, presentaron una iniciativa ciudadana al Congreso del Estado para exigir que se aumenten las sanciones por el delito de maltrato animal en el Código Penal. Reclaman que la situación de abandono e indigencia es el eje central de este delito, que además, ya sobrepasa individualmente, al Estado y colectivos.
Karla García, representante de la sociedad Protectora de Animales, Huella Amiga, señaló que en San Luis Potosí existen graves casos de abusos a perros, en los que se encontró un patrón en común. Por cada mascota violentada en un hogar, existe un antecedente de violencia familiar.
No obstante, denunció que quiénes han sido sorprendidos frente a la autoridad por asesinatos y otras graves agresiones han logrado proseguir su proceso en libertad. La razón es derivada, de suspensiones legales a los juicios que posteriormente son prescritos sin sentencias.
"En cada una de las fracciones estamos solicitando la duplicidad de las penas", agregó. Lo que equivaldría a cuatro u ocho años en prisión por agravantes como crueldad y sadismo. Así como exigió, se aplique de inmediato la figura de la prisión preventiva oficiosa
Pese a que la estadística aún no ha sido expedida por la Fiscalía General del Estado (FGE), los reportes por maltrato ya son demasiados, según declararon las y los activistas que los reciben diario. La situación, agregó García, escaló del rescate a un problema de salud pública. Y el principal agravante es el abandono.
"El abandono es el pan nuestro de todos los días, particularmente recibo dos o tres. No tenemos la capacidad para poder recibir a todos. La indigencia animal es algo gravísimo en San Luis Potosí. Es un tema que ya se les salió de control y no se puede resolver solos", señaló.
Según citó los datos del Instituto Belisario Domínguez y el INEGI, siete de cada 10 animales de compañía sufren de maltrato, incluído el abandono. Así mismo, una el propio ayuntamiento de la capital, señala que mensualmente se reciben 10 denuncias diarias.
"La mayoría de ellos termina muerto en la calle. La reinserción también es un trabajo demasiado duro", contextualizó Laura Ramírez de Patitas Perronas.
Antes de tomar medidas drásticas como la eutanasia, activistas expusieron por otra parte, una estructura organizada para disminuir la población de forma preventiva con esterilizaciones masivas. Sin embargo recalcan que no hay recurso suficiente y de hecho, ha disminuído.
Desde 2016, el presupuesto ascendía a ocho millones destinados a programas de esterilización, sin embargo, al 2022 la cifra retrocedió a un millón 200 mil. Dos años después a hoy, agregó García, se logró aumentar el recurso a dos millones 500 mil, para todo el Estado.
Como señala la Ley Estatal de Protección Animal, el municipio tiene la obligatoriedad de proporcionar esterilizaciones gratuitas y permanentes. Finalmente, señaló que en San Luis Potosí, se necesitan al menos 50 mil esterilizaciones anuales, para que en tres años, se empiece a notar una disminución constante.
