La Cámara de Diputados avaló la nueva Ley de la Guardia Nacional, estableciendo un cuerpo de seguridad pública profesional, integrado principalmente por personal militar con formación policial, adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta normativa, que deroga la ley anterior de 2019 y se alinea con la reforma constitucional de septiembre de 2024, busca regular desde la organización hasta las atribuciones y coordinación con autoridades estatales y municipales.

Entre las modificaciones, la ley amplía la participación de personal del Ejército, Fuerza Aérea y civiles de confianza en la Guardia Nacional, cuya misión principal es salvaguardar la seguridad pública federal, apoyar a las entidades en tareas temporales y garantizar el respeto a los derechos humanos. Se establece además que la Secretaría de la Defensa es responsable de la formación, equipamiento y administración del cuerpo.

La nueva legislación incorpora un esquema jerárquico encabezado por un comandante con rango de General de División, nombrado por el Presidente de la República. También detalla que la actuación de la Guardia estará sujeta a control judicial, especialmente en casos que involucren intervenciones de comunicaciones y operaciones de inteligencia, resguardando siempre los derechos constitucionales.

Asimismo, la iniciativa modifica varias leyes y códigos, como la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, y los códigos de justicia y procedimientos penales militares, para incluir a la Guardia Nacional en la jurisdicción penal militar y armonizar sus procesos. Estos ajustes reflejan el intento de integrar plenamente a la Guardia en la estructura castrense, bajo un mando civil pero con disciplina y régimen militar.