La reciente aprobación de un centro de detención migratoria en una zona pantanosa de Florida ha generado una ola de críticas tanto por parte de defensores de derechos humanos como de ambientalistas. El proyecto, promovido por el presidente Donald Trump y apodado por sus impulsores como el “Alcatraz de los caimanes”, se ubicará en un antiguo aeropuerto rodeado de manglares y fauna silvestre dentro del ecosistema de los Everglades.

Durante una visita al estado, Trump ironizó sobre los costos de seguridad al señalar que “hay muchos policías en forma de caimanes, no hay que pagarles tanto”. El mandatario sugirió que los animales que habitan en los alrededores actuarán como elementos disuasorios naturales para evitar fugas, afirmando incluso que se enseñará a los detenidos cómo huir de un caimán en caso de escape, en declaraciones que generaron gran controversia.

La Casa Blanca justificó la ubicación del centro por su aislamiento y por las dificultades que representaría escapar del lugar, señalando que estará rodeado de “fauna peligrosa y terreno implacable”. Aunque el gobierno asegura que las instalaciones albergarán a migrantes con antecedentes penales, organizaciones civiles denuncian que muchas de las personas arrestadas no han sido acusadas formalmente y que el criterio de criminalidad se ha extendido de manera arbitraria a quienes ingresaron sin visa.

Además del componente humanitario, especialistas en medio ambiente advierten sobre el impacto que tendrá una construcción de esta magnitud en un ecosistema delicado que alberga a más de 200 mil caimanes y especies en riesgo. El costo de operación del centro asciende a 450 millones de dólares anuales, y su capacidad podría llegar a las 5 mil personas. La medida se enmarca en una propuesta legislativa más amplia impulsada por Trump que contempla la expansión del aparato migratorio estadounidense.