La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de San Luis Potosí acordó continuar con el análisis para homologar el marco jurídico estatal a la Ley Federal de Salud en lo referente al internamiento involuntario de personas con padecimientos mentales o farmacodependientes, informó la diputada Frinné Azuara Yarzábal.

En una sesión de trabajo, los legisladores acordaron convocar a los responsables de centros de rehabilitación para escuchar sus opiniones y, además, consideran realizar visitas para evaluar las condiciones en las que operan estas instituciones, los tratamientos que ofrecen y los programas aplicados a los pacientes. Esto, tras recibir ya las posturas de autoridades oficiales.

La Secretaría de Salud ha aportado recomendaciones para enriquecer la Ley de Salud local, la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, y el Código Penal, como la inclusión del concepto de consentimiento informado, la obligación de ofrecer tratamientos adecuados para niños y adolescentes, y la estabilización clínica de los pacientes.

El principal objetivo es adaptar el marco legal estatal a la reforma nacional aprobada en 2022, que establece que el internamiento sin consentimiento deberá contar con la aprobación de la familia, representante legal o profesional médico responsable.

El consentimiento informado contempla la obligación de informar de manera clara y veraz sobre riesgos, beneficios y alternativas, y sanciones para quienes internan sin dicha autorización.

El diputado Marco Antonio Basarte destacó la existencia de aproximadamente 150 centros de rehabilitación en la capital y zona metropolitana, con alrededor de 10 mil pacientes, por lo que la opinión de estos centros también es fundamental en el proceso.

Los diputados Frinné Azuara, Mireya Vancini, Nancy Jeanine García, Luis Felipe Castro, Marco Antonio Basarte, Carlos Arreola y Aranzazu Puente participaron en la sesión.