La reciente detención de Julio César Chávez Jr. por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, California, ha puesto nuevamente al hijo del legendario campeón mexicano en el centro de la polémica. Aunque su arresto se debió a problemas migratorios, su situación legal es aún más delicada en México, donde enfrenta acusaciones por delitos de alto impacto.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), desde marzo de 2023 existe una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico ilegal de armas, lo que podría derivar en una condena ejemplar.

Según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, si se comprueba que el exboxeador tuvo un rol de liderazgo dentro de una célula delictiva, como el presunto nexo con el Cártel de Sinaloa, la pena podría ser de 20 a 40 años de prisión. En caso de una participación sin mando, la sentencia disminuiría a un rango de 10 a 20 años.

A esta posible condena se le sumaría el delito de tráfico de armamento, regulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que contempla penas de 7 a 30 años, dependiendo del tipo de armas. Si estas fueran de uso exclusivo del Ejército, la pena podría alcanzar el máximo.

Además, los antecedentes del pugilista, quien ya había sido arrestado en enero de 2024 en EE. UU. por portar armas de asalto y fabricar un rifle de forma ilegal, podrían agravar su situación legal al ser considerados como reincidencia o indicios de conducta criminal.

Si Chávez Jr. es deportado y entregado a las autoridades mexicanas, enfrentará un proceso federal con múltiples cargos. En el peor de los escenarios, podría acumular hasta 70 años de prisión, si se le encuentra culpable de todos los delitos que se le imputan.

Por su parte, su padre, el exboxeador Julio César Chávez, ha pedido un juicio justo, asegurando confiar en la inocencia de su hijo.