A unas horas de que se definan los criterios orientadores que servirán para resolver la mayoría de los juicios ciudadanos relacionados con los aspirantes a las magistraturas electorales en San Luis Potosí, se vive una pugna interna en el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP). La disputa ha fracturado la relación entre magistraturas, derivada principalmente del interés en que la exconsejera electoral Zelandia Bórquez Estrada acceda a un lugar en el Tribunal de Disciplina Judicial.
Dicho nombramiento, junto con el de Luz Adriana Miranda Tello, ha sido impugnado mediante el Juicio de Nulidad Electoral número TESLP/JNE/07/2025, interpuesto por la ciudadana Elba Laura Álvarez Lara. El expediente está disponible en los estrados web del Tribunal Electoral (https://www.teeslp.gob.mx/wp-content/uploads/2025/06/LISTA-TESLP-JNE-07-25-22-06-25-.pdf), y ha comenzado a generar inquietud debido a las acusaciones contenidas en la denuncia.
El juicio fue promovido el 22 de junio de 2025. Ha pasado poco más de un mes, un plazo razonable para que el tribunal resuelva, sobre todo considerando que las primeras impugnaciones se votarán este 1 de agosto. No obstante, este caso ha generado tensiones internas en el TEESLP. Por un lado, los magistrados recién incorporados han defendido una postura de legalidad; por el otro, la magistrada presidenta Denisse Adriana Porras Guerrero ha intentado proteger a su secretaria de Estudio y Cuenta —Zelandia Bórquez—, a fin de que acceda a una posición dentro del Tribunal de Disciplina Judicial.
Aunque en su momento Porras Guerrero aseguró que Bórquez Estrada no enfrentaba impedimento alguno para ser candidata y eventualmente juzgadora, esta postura ha derivado en un problema mayor para el tribunal. Durante el presente proceso electoral, los magistrados se han excusado en siete ocasiones de conocer asuntos relacionados con personas allegadas. En congruencia, la magistrada Porras se excusó del caso, que fue turnado a la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez.
Como parte de la investigación, López Rodríguez solicitó documentación clave. En un primer momento, pidió a la Universidad Autónoma los certificados completos de estudios en Derecho de Zelandia Bórquez y Luz Adriana Miranda. La institución había remitido únicamente una constancia parcial sin calificaciones ni promedio general, lo cual incumplía el requerimiento judicial. En una segunda etapa, la magistrada solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social la información sobre pagos hechos por el CEEPAC, encontrando que no se han cumplido los dos años requeridos por ley para postularse a un cargo de elección popular, lo que evidencia una omisión por parte de la exconsejera.
Cabe recordar que Bórquez ya había incurrido en una situación similar cuando se integró a la administración municipal de Villa de Pozos. Argumentó que no había participado directamente en la conformación del naciente ayuntamiento, aunque legalmente su ingreso se consideró un acto que comprometía su elegibilidad.
En esta nueva ocasión, Zelandia Bórquez se postuló por cuenta propia y fue electa sin realizar campaña significativa. No obstante, la exhaustividad de la investigación generó molestia. Según fuentes al interior del tribunal, Bórquez intentó influir en la magistrada López Rodríguez, quien rechazó tal presión y continuó con la investigación. Esta situación detonó en un nuevo conflicto: el 29 de julio de 2025, Bórquez presentó un escrito de recusación contra la magistrada López Rodríguez, buscando apartarla del expediente TESLP/JNE/07/2025.
Para sustentar su solicitud, Zelandia Bórquez presentó como prueba documental el acuse de recibo de una denuncia penal que interpuso en contra de la magistrada, alegando obstrucción a la justicia. Se trata de una acusación delicada que, dependiendo de la interpretación jurídica, podría constituir un ataque no solo al desarrollo adecuado del procedimiento, sino también a la integridad de la administración de justicia y los derechos de las partes involucradas.
La magistrada López Rodríguez respondió conforme al artículo 14 del Reglamento Interno. En su informe, negó las acusaciones, sostuvo que no existe enemistad hacia Bórquez Estrada y defendió que sus requerimientos se han realizado conforme a la normativa electoral. Además, argumentó que la denuncia penal no constituye causal de impedimento alguno, desestimando así la solicitud de recusación como una acción basada en rumores y percepciones sin sustento.
Y aquí comienza la parte más jugosa del pleito —las acusaciones directas—, Borquez Estrada acusa que la Magistrada María Carolina López no puede ser parte de la resolución del juicio únicamente por haberse presentado una denuncia en contra de la magistrada por que la denuncia la hace la propia promovente según lo establecido en la fracción IV, del artículo 34 de la Ley Orgánica, que reza: “IV. Haber presentado denuncia o querella la o el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción primera, en contra de alguno de los interesados.” Puesto que tal hipótesis normativa se refiere a las denuncias y querellas presentadas por el funcionario público (en este caso el Magistrado) o sus parientes, en contra de alguno de los interesados por lo que la circunstancia que notoriamente no se configura, en tanto que, no fue la Magistrada recusada la que presentó denuncia o querella en contra de la promovente. En esas circunstancias, la querella o denuncia penal presentada, no deriva de una evento externo en que se haya inmiscuido la Magistrada recusada o su familia; sino que obedece a la percepción de irregularidad que considera la promovente que realizó la Magistrada María Carolina López Rodríguez en el asunto jurisdiccional en el que es parte, según se lee en el texto del propio tribunal echando por tierra la intentona de que otra persona juzgue el asunto como lo pretende Zelandia Borquez resolución que por unanimidad avalaron los magistrados electorales y que muy seguramente será llevada a la sala superior del TEPJF.
Ya veremos qué deciden las máximas autoridades sin embargo a estas alturas la resolución que pueda surgir dejara entrever la posibilidad de que al menos en el ámbito local la defensa de la ex consejera electoral no rinda frutos y sea llevada a la última instancia en busca de que no se caiga la votación en favor de la denunciada.
