Existe un libro titulado El priista que llevamos dentro. No es precisamente de culto, pero sí un recordatorio incómodo de aquellas frases y prácticas que marcaron casi ocho décadas de hegemonía del Revolucionario Institucional. Irónicamente, quienes hoy se dicen “transformadores” son los mismos que disfrutan de las mieles de aquel poder absoluto, ahora pintado de guinda. La historia parece repetirse: el último gran triunfo del priismo, seguido de la alternancia, quedó a 31 años de distancia, pero las frases de entonces siguen vigentes. Una de ellas, pronunciada con arrogancia por Carlos Salinas, aún retumba: “Ni los veo, ni los oigo”.

Para quienes vivieron esa época, la frase no fue un simple desdén, sino un retrato fiel del desprecio del poder hacia la oposición y, por extensión, hacia la ciudadanía. Corría 1994. Salinas presentaba su último informe de gobierno y los diputados del PRD, en una escena inédita, interrumpieron con gritos al presidente saliente. Hay que recordar que esos espacios opositores existían gracias a las diputaciones plurinominales, una concesión del propio sistema que pretendían combatir. Ese informe fue incómodo: venía marcado por los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, por el espejismo del “primer mundo” con el TLCAN, y por el levantamiento del EZLN que exhibió al gobierno en el escenario internacional. La respuesta presidencial, fría y lapidaria, fue aquella que se volvió símbolo del autoritarismo: “Ni los veo, ni los oigo”.

Tres décadas después, el guion no ha cambiado, sólo el reparto. Hoy la izquierda en el poder repite las mismas prácticas que combatía. Pablo Gómez Álvarez, histórico opositor a la censura y al presidencialismo, encarna la contradicción: de perseguido político a verdugo de la democracia, en nombre de “acabar con la oposición”.

Antes de que concluya agosto de 2025, iniciarán los trabajos para una Reforma Electoral que se vende como novedosa, pero que es un refrito del “Plan A”. Sus ejes incluyen: libertades políticas y representación ciudadana, sistema y financiamiento de partidos, fiscalización de recursos, efectividad del sufragio, regulación de la competencia electoral, libertad de difusión y propaganda gubernamental, sistemas de votación, autoridades electorales, requisitos de elegibilidad y consultas populares. Un menú que suena a modernización, pero huele a concentración de poder.

Por ahora no existe propuesta formal ni borrador, pero todo apunta a una receta peligrosa: recortar costos quitando financiamiento a partidos, crear un “superinstituto” centralizado y devolver el control electoral al gobierno. En otras palabras, retroceder más de 35 años, a una época sin INE, con árbitros electorales designados por el Ejecutivo. Para quienes vivimos la caída del priismo, esto es un déjà vu preocupante: volver a entregar la cancha, el balón y el árbitro al mismo equipo.

Lo más grave no es que el oficialismo impulse esta contrarreforma, sino que muchos que se decían de izquierda han optado por el silencio cómplice. Antiguos perredistas, hoy aliados de priistas, se conforman con un sueldo o una posición política. Como en el 94, los ciudadanos quedamos fuera del radar. Ni nos ven ni nos oyen.

Para colmo, la comisión encargada estará presidida por una figura designada directamente por la presidenta, e integrada por la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Oficina de la Presidencia, incluyendo la Coordinación de Asesores y la Coordinación General de Política y Gobierno. Traducido: el árbitro, el juez y el notario en la misma oficina.

A estas alturas, poco queda por centralizar. Y aunque las decisiones aún parecen lejanas, el rumbo es claro: un regreso a la vieja escuela del control absoluto. En la próxima entrega analizaré las aristas de esta reforma, pero adelanto algo: como siempre, los grandes olvidados serán los ciudadanos.