El debate abierto por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona en torno a que la actual Delegación Municipal de La Pila se convierte en el municipio 60 del estado ha abierto ciertamente dos frentes en la narrativa pública: Por un lado, el conservadurismo rancio, burocrático y acomodaticio que se opone y por el otro quienes consideran que es un derecho que tienen los habitantes a decidir sobre su auto gobierno o no.

Más allá de los errores y consecuencias evidentes que trajo consigo la municipalización de Villa de Pozos, el principio básico de la democracia directa y participativa es conocer qué es lo que quieren los habitantes de una demarcación mediante una consulta popular, por ello, consideramos que antes de que parásitos burócratas que se han sostenido ellos y sus familias a costa del erario viertan su rabiosa opinión, deberíamos conocer la opinión de las y los pilenses.

Históricamente, la zona conurbada de la capital de San Luis Potosí, delegacional y no delegacional, ha sido cobijo de padrinazgos políticos y acuerdos con grupos de poder en donde colocan en jugosos puestos burocráticos muy bien remunerados a quienes no tienen mayor mérito que el del acuerdo político o familiar.

Baste con revisar la nómina municipal donde encontramos que el sueldo de los delegados municipales designados por el alcalde Enrique Galindo Ceballos ronda los 60 mil pesos mensuales sin contar bonos y gratificaciones. Alexandra Daniela Cid González, es delegada municipal en La Pila y fue alcaldesa interina mientras Enrique Galindo buscó la reelección; Jaime Uriel Waldo Luna es delegado de Bocas y es producto de acuerdos con el ex alcalde panista Octavio Pedroza Gaitán.

En cuanto a la zona no delegacional es del dominio público el abandono en el que se encuentran y, en algunos casos con la tolerancia del gobierno galindista, refugio de células criminales como Peñasco, donde la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal ubica como una arena de disputa entre cárteles y en donde sus veredas, brechas y caminos rurales trasiegan droga hacia los puntos de venta en la mismísima capital potosina.

Ante este escenario de indolencia oficial ¿Es impensable que las y los habitantes de La Pila decidan por sí mismos desprenderse de una administración que sólo los usa como carne de cañón en tiempos electorales? ¿Es antidemocrático que las y los habitantes de La Pila se desprendan del yugo que representa el gobierno de la capital que únicamente les arrebata recursos vía impuestos y no son regresados en su bienestar? Creo que no.
El experimento de la municipalización de Villa de Pozos debe ser un referente para no cometer más yerros, es cierto, pero más importante lo es que las y los pilenses sean escuchados y para ello existen las instituciones como el Ceepac que garantizarían que el proceso de consulta sea sin sesgos y que realmente se obedezca a la voluntad popular.

Quien asegura que el debate sobre la municipalización de La Pila tiene un trasfondo político tiene razón, pero de políticas públicas eficientes que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y no el aferrarse a los puestos burocráticos administrativos de recomendados que ni siquiera son oriundos del lugar y por lo tanto no tienen ningún sentido de pertenencia ni de identidad más que el de contestar cuando les preguntan la hora: “Las que usted diga señor presidente”.