Las lecciones que nos dejó la reciente elección judicial son bastante interesantes sobre cómo no se deben hacer las cosas, principalmente en materia electoral. Resulta imprescindible retomar aspectos relacionados con la elaboración de las mesas de participación, en donde quienes acuden lo hacen bajo dos preceptos predeterminados. Primero, con la consigna —o el entendido— de que sus propuestas, de entrada, no serán escuchadas en esos foros. Y es que, no nos engañemos: si el partido en turno desea que una iniciativa avance, lo hace en cuestión de días. Si le falta mayoría calificada, presiona, chantajea, extorsiona y busca quién pueda obtener alguna prebenda a cambio de favorecer el proyecto oficialista. Pero, si busca que la iniciativa no prospere, ahí está el ejemplo de la reforma de las 40 horas: foros interminables, con poca o nula presencia ciudadana, que avanzan gradualmente, casi en lo oscuro, hasta el final del sexenio para ahorrar costos políticos.

Ahora bien, debemos entender que las propuestas actuales no son otra cosa que un copy-paste de la iniciativa inicial de López Obrador, elaborada por el propio Pablo Gómez. Por ello sería descabellado esperar un cambio de redacción de quien planteó la idea original. Y aquí encontramos el verdadero núcleo: la centralización. Ese es el máximo deseo de esta administración federal: concentrar el poder en un solo órgano, preferentemente sometido a las decisiones de la Presidencia de la República. Para concretarlo, sobra la existencia de 32 institutos controlados por los estados —o, en teoría, sometidos presupuestalmente a los gobernadores—, los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). La propuesta es que desaparezcan y que la operación política-electoral de los estados se transfiera a la federación. Dicho de otra forma, se eliminaría a los consejeros electorales estatales para incorporarlos al Instituto Nacional Electoral (INE).

La idea, en el papel, parece financieramente viable y podría generar los famosos “ahorros”. Sin embargo, no garantiza nada. Hay procesos que el INE no puede realizar sin los institutos electorales locales. Y aunque pareciera sencillo que, al incorporar a los trabajadores de los Oples al nuevo “súper instituto”, todo se resuelva, debemos entender que el entramado burocrático es bastante robusto: trámites que en un estado podrían resolverse en horas, bajo este esquema podrían tardar días.

Este análisis me lleva a reflexionar sobre lo que ya ocurre con el famoso convenio de colaboración entre los institutos locales y el INE. Tras la reforma de 2014 se intentó estandarizar las elecciones. En papel, parecía sencillo: una elección general más las estatales. Nada del otro mundo. Pero no es lo mismo una elección en Chiapas que en Baja California. Los contrastes son enormes: usos y costumbres, número de municipios, formas de elegir autoridades, tradiciones e, incluso, los precios del gasto electoral. Pretender aplicar un presupuesto general repartido entre tantos estados, con necesidades técnicas distintas —conectividad, densidad poblacional—, inevitablemente derivará en una contracción y diferenciación de las elecciones locales, que tendrá que corregirse sobre la marcha. Y si aún no logramos entender bien la reforma de 2014, ¿qué nos hace pensar que resolveremos los paradigmas rumbo a 2030?

Otra de las falacias es la financiera. Menos organismos, menos partidos y menos plurinominales no se traducen automáticamente en ahorros inmediatos. Basta ver la modificación en la duración de las campañas: se supone que ahora son más cortas, pero resultan más costosas que antes. La duración se redujo, sí, pero el gasto se disparó. ¿Y a dónde cree usted, estimado lector, que va a parar ese dinero? Exacto: a los partidos y a sus estructuras. Y no es casualidad: Morena —que propone eliminar los recursos públicos a los partidos— fue el mismo que impulsó la adquisición consolidada de vehículos para sus actividades. Curioso, ¿no? Todos los partidos en el poder han pedido lo mismo en su momento. Y suena lógico: ¿de qué se sostendrían los partidos si no hay recursos? Para el partido en el poder es sencillo: de sus propias estructuras. No es coincidencia que los “servidores de la nación” trabajen unas veces con el chaleco de programas sociales y otras con el del partido. Aquí no existen coincidencias.

Seamos honestos: que el partido en el poder se vea realmente perjudicado por el recorte sería catastrófico. ¿Cómo podría quedarse sin las estructuras estatales que hoy se financian con recursos públicos? Sería como regresar a la elección de 1988 entre Cárdenas y Salinas: la oposición tendría que conformarse con mendigar migajas de recursos de militantes o, principalmente, de empresarios para sostener campañas. Si no me cree, pregúntese: ¿cuántos partidos acompañaron al movimiento cardenista y cuántos sobrevivieron después? Sin duda, aquello fue un golpe brutal para la oposición. Y además, no olvidemos el riesgo de que el financiamiento privado termine abriendo la puerta a personajes de dudosa reputación que, con tal de consolidar poder político y económico, se conviertan también en dueños del monopolio de la fuerza.

Por ahora seguimos especulando con lo poco que se ha presentado. Pero no está de más advertir que, en los próximos cinco meses, la reforma estará sobre la mesa. El propio Ricardo Monreal ya adelantó incluso fecha de votación para febrero del siguiente año. Habrá que ver si, tras los golpes en el Senado, no empieza a fragmentarse el poder desde el interior con miras a una reforma electoral que, lejos de fortalecer nuestra democracia, podría debilitarla aún más.