Finalmente está completo el máximo Tribunal Electoral del país: los cinco magistrados iniciales ahora suman dos integraciones más al pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algo que no se dice, pero que está sobre la mesa, es que sobre los magistrados electorales descansará el futuro de 2027. Es decir, por primera vez en muchos años, la baraja está completa y tocará a estos siete calificar la elección en donde, irónicamente, serán votados los nuevos cinco magistrados electorales. Ellos tendrán la tarea adicional de calificar no solo la elección judicial, sino también la elección intermedia constitucional, la segunda elección judicial en donde el tablero político augura importantes cambios.
Esta elección intermedia no es para nada un mero trámite, sino un punto crucial rumbo a la renovación presidencial. En 2027, uno de los principales cargos en disputa serán las curules de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes se eligen cada tres años, recordando que la última renovación se llevó a cabo en junio de 2024. Además, los ciudadanos mexicanos tendrán la oportunidad de votar por 1,088 diputaciones locales, 680 presidencias municipales y 17 gubernaturas en estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Estas elecciones marcarán un momento clave para definir la representación política tanto a nivel federal como local en el país.
Lo anterior sin contar que, además de los cargos estatales y federales que estarán en juego, en 2027 podría registrarse nuevamente una elección judicial. Según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la renovación de la mitad de los cargos electivos del Poder Judicial del Estado y la elección de las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial se llevará a cabo de manera escalonada: la primera mitad en la elección local de 2025 y la segunda en la elección ordinaria de 2027. Esto convierte ahora sí a los comicios de ese año en la elección más grande de la historia. Y, en medio de todo este vendaval, quizá podríamos estar estrenando una reforma electoral que cambiaría por completo el panorama.
¿Qué nos depara la elección intermedia? Más incertidumbre que certezas. Y es que se supone que los trabajos para la reforma electoral ya deberían estar iniciados, pero hasta este momento no hay nada escrito, no hay avances y, podríamos decir, ni siquiera existe un norte sobre cómo se realizará la próxima elección, tanto constitucional como judicial. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Tribunal Electoral? Pues todo. Después de este ejercicio, un tanto improvisado, la falta de criterio nos otorgó confusión: sentencias contradictorias en casos similares, aspirantes que no cumplieron con los requisitos constitucionales y que, aun así, compitieron, ganaron y, a pesar de todo, tomaron protesta. Aquellos que violaron la ley fueron validados por la falta de criterios claros, lo que incrementó la incertidumbre. Sin embargo, si este proceso continúa, deberá perfeccionarse rumbo a 2027. Todo lo que le cuento, estimado lector, deberá resolverse en un periodo no mayor a año y medio, quizá dos, estableciendo la forma en que se calificará la próxima elección y las restricciones que tendrá dicho proceso. Mientras tanto, la incertidumbre reinará en el máximo tribunal electoral hasta que las aguas electorales se asienten.
Durante la sesión del pasado 10 de septiembre ya vimos qué posturas adoptaron los anteriores cinco magistrados y los dos nuevos. He de decir que Claudia Valle Aguilasocho es una vieja conocida en la segunda circunscripción electoral, a la que pertenece la entidad potosina. Sin embargo, en algunos de los asuntos en los que participó mostró criterios divididos: en ocasiones fue garantista y en otras, rigorista, algo hasta cierto punto normal. Aun así, es importante destacar que se notó una marcada diferencia entre los nuevos magistrados y la integración anterior, algo que, conforme avance el tiempo, podría ajustarse o, en su caso, acentuarse. En cuanto a Gilberto de G. Bátiz García, podemos señalar que es un abogado chiapaneco especializado en Derecho Constitucional, doctorante en Derecho por la UNACH y becario CONACYT, que se desempeñaba como Magistrado Electoral en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas desde 2019. Antes ocupó cargos como asesor en la Sala Superior del TEPJF, Consejero de la Judicatura estatal y Director en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con amplia experiencia en relaciones nacionales e internacionales, así como en investigación jurídica. Aunque aún son desconocidas sus resoluciones y el sentido de las mismas, parece estar alineado en cierto modo con la magistrada Valle, pero resulta prematuro predecir sus intervenciones.
Ante todo esto, ¿qué sigue? En realidad, la Sala Superior tendrá que establecer criterios firmes; los legisladores deberán ser más específicos en cuanto a los requisitos constitucionales de elegibilidad y, sobre todo, robustecer los mecanismos de participación ciudadana. Solo así, en 2027, la reforma electoral, en conjunto con reglas claras y con la renovación de los poderes estatales, podrá garantizar una elección a la altura de lo que esperan los ciudadanos.
