Decía el jurista francés Charles de Montesquieu que “La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la conduce a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce al despotismo.” México, en sus escasos treinta años de democracia electoral, ha transitado peligrosamente por esos dos caminos. La desigualdad ha sido el sello de nuestra vida pública, mientras que el ideal de igualdad, aún lejano, se invoca con frecuencia como justificación de un proyecto que concentra poder. El resultado es una aristocracia política disfrazada de austeridad, que bajo la bandera del pueblo y la justicia social ha logrado apropiarse de los contrapesos institucionales. Hoy, con la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, México se asoma al riesgo de un control absoluto de los tres poderes de la República.
El pasado 22 de septiembre se dieron a conocer los detalles de las audiencias públicas y foros de consulta para la reforma electoral que se realizará en todo el país. Los organizadores han presentado diez ejes temáticos: libertades políticas, sistema de partidos, financiamiento y fiscalización de campañas, justicia electoral, representación política, voto de mexicanos en el extranjero, mecanismos de democracia participativa como consultas populares y revocación de mandato, entre otros. En cualquier otra circunstancia, estos temas serían valiosos para fortalecer el Estado de derecho y abrir la vida pública a una participación ciudadana más activa. Pero en el contexto actual parecen más una escenografía: un procedimiento cuidadosamente diseñado para simular debate y pluralidad, cuando en realidad el desenlace ya está escrito.
Los foros arrancaron en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, bajo la conducción de Pablo Gómez, con la participación de Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas, Arturo Zaldívar y José Antonio Peña Merino. Ellos integran la comisión que recorrerá los estados de la República a partir de octubre. San Luis Potosí se encuentra entre las entidades que recibirán estas audiencias, aunque lo previsible es que repitan el mismo esquema de la reciente reforma judicial: encuentros controlados, donde se dará voz preferente a quienes respaldan la iniciativa y se relegará a la oposición a un papel secundario, casi decorativo.
Ese diseño a modo confirma que lo que está en marcha no es una verdadera deliberación nacional, sino un intento de legitimación popular de una reforma que fortalecerá al poder ejecutivo y devolverá al país a un sistema centralizado en materia electoral. El discurso de la participación ciudadana se utiliza como ornamento, pero las decisiones ya están tomadas desde el gobierno federal.
Este proceso también tiene consecuencias para quienes aspiran a cargos públicos o judiciales. La llamada reforma electoral —al igual que ocurrió con la judicial— terminará configurando un terreno político en el que los aspirantes tendrán que definir si se suman al oficialismo, si se convierten en críticos marginales o si se resignan a quedar como comparsas. La instrucción de consolidar el “plan B” avanza sin frenos visibles. Y, tarde o temprano, incluso algunos de los actuales aliados del régimen podrían convertirse en víctimas colaterales de un rediseño institucional que debe estar listo, por ley, al menos un año antes de las elecciones intermedias de 2026.
En este contexto, la mayor omisión resulta evidente: el Instituto Nacional Electoral. El INE, que ha sido el garante de la alternancia y de la imparcialidad en los procesos, queda relegado a un papel secundario. No solo no encabeza la discusión, sino que ha sido desplazado por la Secretaría de Gobernación, que opera como brazo político del gobierno para conducir la reforma. Con ello, se desvirtúa la esencia de la democracia mexicana, que durante tres décadas había logrado construir un árbitro confiable y autónomo.
Paradójicamente, lo que se configura con este rediseño institucional podría superar en concentración de poder al viejo PRI hegemónico. Aquel partido, al menos, funcionaba como una maquinaria que distribuía cuotas entre sectores sociales. Hoy, el oficialismo se envuelve en la narrativa del pueblo “bueno y sabio” para concentrar aún más el poder. Mientras tanto, la oposición parece incapaz de responder. El PRI, bajo Alejandro Moreno, se ha convertido en una oposición testimonial; como dijo Diego Fernández de Cevallos, lo único que ha cambiado es el color del chaleco: del tricolor al morado. El PAN tampoco ofrece alternativa, pues su figura más visible sigue siendo Ricardo Anaya, un político derrotado que nunca logró consolidar su liderazgo frente a Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué nos toca a los ciudadanos frente a este panorama? Participar, revisar, cuestionar y proponer. Pero seamos realistas: la experiencia reciente indica que estos foros pasarán desapercibidos para la mayoría de la población. No despertarán interés ni movilización. Y cuando las propuestas sean recogidas, solo quedarán como un archivo testimonial, incapaz de modificar el rumbo ya decidido.
El riesgo no es menor: México podría estar entrando en una etapa en la que, bajo el disfraz de la consulta y la participación, se consume el debilitamiento definitivo de los contrapesos democráticos. Montesquieu advirtió que el exceso de igualdad conduce al despotismo. Hoy, nuestro país no enfrenta todavía ese escenario, pero sí la amenaza de un poder ejecutivo fortalecido al extremo, que utiliza la idea de igualdad para encubrir una concentración autoritaria del poder. Y cuando los ciudadanos se den cuenta, puede que sea demasiado tarde para revertirlo.
