Uno y otro son prototipos de lo más rancio del viejo sistema político mexicano. Uno, gris y perverso burócrata que ocupó diversos cargos públicos en los sexenios priistas de Horacio Sánchez Unzueta, Fernando Silva Nieto, Fernando Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras López, durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto fue delegado federal de la Secretaría de Gobernación, hasta que llegó la cuatroté; el otro, con una carrera policiaca coronada por denuncias de violaciones graves a derechos humanos. Son Jorge Daniel Hernández Delgadillo,  desde el año pasado director general del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (Interapas) y Enrique Galindo Ceballos, desde hace cuatro años presidente de la Junta de Gobierno del mismo organismo y alcalde de la capital potosina.

Conforme se acerca el inicio del proceso electoral entre septiembre y octubre de este año, ambos personajes se esmeran en el uso político del agua, sin siquiera un asomo de cumplir con su obligación como servidores públicos de garantizar el derecho humano al agua.

Durante todo este tiempo, el director general y el presidente de la Junta de Gobierno del Interapas se han limitado a administrar la crisis del abasto del vital líquido que padecemos millones de potosinas y potosinos en la Zona Metropolitana. 

En medio de señalamientos de parte del Grupo Universitario del Agua y de la misma Presidencia de la Comisión Legislativa del Agua en el Congreso del Estado, acerca de la existencia de metales pesados en el líquido que llega a las tomas domiciliarias, lo que pone en riesgo la salud de millones de usuarios, así como la sobreexplotación de los mantos acuíferos producto de la exagerada extracción mediante pozos, estos dos malos servidores públicos se han aferrado a las sistemáticas fallas del sistema El Realito para excusar su incompetencia.

También como anillo al dedo les llegó el anuncio presidencial de que el año que viene con millonarios recursos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la federación prometió resolver la crisis hídrica en la capital del estado, último asidero del que echarán mano Hernéndez Delgadillo y Galilndo Ceballos para continuar con su indolencia y dedicar su tiempo, como lo hacen, al periplo electoral del que amenazan formarán parte en el 2027.

El cenit de la crisis del agua y su uso político por parte del “alcalde viajero” y su fiel escudero director del Interapas lo constituye la riesgo sanitario que padecen vecinos de la colonia soledense Los Fresnos, que desde hace dos semanas reciben en sus tomas domiciliarias agua negra en lugar de potable, lo que les ha ocasionado no sólo el surgimiento de enfermedades gastrointestinales y de la piel, sino también afectaciones en lo económico ya que tuvieron que gastar miles de pesos en sanitizar sus aljibes y obtener agua mediante pipas de empresas privadas, mientras están en el abandono institucional.

El anuncio del alcalde soledense, Juan Manuel Navarro Muñiz de enviar antes de que termine el año la decisión de deslindarse del Interapas, anuncio que fue ratificado en su primer informe de gestiones, abre un nuevo episodio en el uso perversamente político que de la crisis han hecho Enrique Galindo y Jorge Daniel Hernández Delgadillo. El diputado soledense Luis Fernando Gámez Macías puso el dedo sobre la llaga: La intención del presidente de la Junta de Gobierno y el director general del Interapas de actuar, al igual que lo hacen con el naciente municipio de Villa de Pozos, con una doble moral y un doble discurso, pues por un lado se dicen respetuosos de la escisión, pero por el otro dejan a la población indefensa ante la falta de agua y la poca que surten mediante tandeo esté contaminada.

Estos dos dinosaurios priistas en su momento tendrán que ser llamados a cuentas por las instituciones del estado, pero lo más importante, serán juzgados y sentenciados a ser enviados al basurero de la historia por la espada flamígera ciudadana en los comicios del 2027.

Hologramas
EN LA TABLITA.- El regidor capitalino Jorge Alberto Zavala López se aferra al respaldo de su jefe político, Enrique Galindo Ceballos, para intentar terminar su mandato como edil de la comuna capitalina, luego que el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López revelara que en conjunto con la víctima han presentado denuncias penales por los delitos de fraude y por extorsión perpetrados en su contra en el escándalo de “huichiicoleo” salarial y que derivó en el despido injustificado de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento de la capital. De acuerdo con fuentes allegadas a la víctima, se le han acercado para prometerle reinstalación y una jugosa indemnización a cambio de que retire las demandas; sin embargo, el agravio es insuperable y la víctima se sostiene en que prospere juicio político en contra del regidor y que el desenlace alcance al de por sí deteriorado prestigio del “alcalde viajero”.