Para sorpresa de nadie otra vez la cantaleta de la austeridad en las elecciones, una idea que nos da un asomo de que es insuficiente el presupuesto ya de por sí recortado, el aumento del los impuestos de manera desmedida y el cinismo con el que algunas de las figuras visibles del morenismo se convirtieron en lo que juraron destruir a cambio de posiciones políticas, y es que ya se dieron los primero rounds de los foros de la la reforma electoral por un lado el oficialismo que de mano de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, llamó a una reforma electoral bajo la bandera del ahorro y la eficiencia.
Según la funcionaria, se busca reducir el costo de las elecciones sin sacrificar principios como transparencia, imparcialidad y certeza, pilares que, en teoría, fortalecen la confianza de la ciudadanía en la democracia. Suena bien, casi impecable en el papel. Pero detrás de ese discurso técnico se percibe un patrón recurrente en México una falsa narrativa de gastos excesivos dispendios y sobre todo crítica sin propuesta claras la reforma para que sea electoral debería centrarse en los derechos políticos electorales antes que en el sistema económico pero a diferencia de otras reformas surgidas de las luchas sociales, de los contrastes y de las necesidades ahora la minoría convertida en mayoría va a terminar concentrando poder, controlando procesos y dejando al ciudadano más lejos de la toma de decisiones de lo que ya estaba.
Rodríguez Velázquez insiste en que “no hay ninguna propuesta de iniciativa” y que la reforma se construirá con la ciudadanía, “sin restricciones” y “sin censura”. Durante la audiencia pública en Sonora, aseguró que la participación popular será un hecho inédito: nunca antes se había considerado al público en un tema de esta relevancia, la realidad es que ningún ciudadano de a pie acudirá a estos foros si acaso políticos, remedos de líderes sociales e integrantes de los Organismos Públicos Locales, del Tribunal electoral y por supuesto la plana mayor de Morena en turno y en el estado que bajo el falso discurso de hacer “cambios de fondo” y mejorar el sistema electoral, corregir los errores de reformas pasadas, el objetivo económico será aquel que priorice pero en donde no se tocara un peso de los recursos asignados a campañas, partidos y si pasar la tijera a las instituciones que de por sí ya cargan amplios recortes.
El discurso oficial insiste en que la reforma garantizará principios fundamentales como transparencia, legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza, así como la representación adecuada de todas las fuerzas políticas “sin distorsiones” y con respeto a las minorías. Pero la pregunta que muchos se hacen es inevitable: si realmente se busca fortalecer la democracia, ¿por qué tanto secretismo alrededor de las encuestas ciudadanas que supuestamente recogerán opiniones sobre la reforma? Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, confirmó que ni el contenido de las preguntas, ni las fechas de aplicación, ni las casas encuestadoras serán dados a conocer. Es difícil imaginar un ejercicio “sin censura” cuando las reglas, tiempos y actores son opacos para el público y cuando ni en las encuestas internas del partido Morena hay claridad.
Por su parte la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en un llamado a la sensatez pidió que los procesos electorales sean vistos como una inversión y que es necesario encontrar un “equilibrio responsable”: optimizar recursos sin sacrificar equidad y confiabilidad. Su llamado, sin embargo, se enfrenta al hecho de que un bloque político controla prácticamente todas las decisiones de la agenda legislativa. La independencia de los órganos electorales y la transparencia no pueden depender de la buena voluntad de quienes dominan el Congreso; la historia demuestra que, en México, cuando se mezcla centralización con austeridad, el resultado suele favorecer a quienes tienen el control político.
El énfasis en la eficiencia presupuestal también esconde riesgos concretos. Mantener los Organismos Públicos Locales (OPLE) y modernizar el sistema electoral suena más a eufemismo que a una garantía real. Recortar recursos puede traducirse en menor cobertura, supervisión limitada y, paradójicamente, un mayor riesgo de conflictos e impugnaciones. La eficiencia, cuando se convierte en el argumento central, puede ser la excusa perfecta para concentrar funciones y decisiones en manos del poder central, disfrazando como ahorro lo que en realidad es control.
El momento político tampoco ayuda a calmar la desconfianza. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya ha adelantado su postura sobre la eliminación del fuero para legisladores, y la Comisión insiste en buscar consenso con partidos opositores. Sin embargo, la independencia y legitimidad de un proceso legislativo en el que un bloque tiene mayoría absoluta es, cuanto menos, cuestionable. La narrativa de participación ciudadana pierde fuerza cuando los tiempos, reglas y criterios son definidos por quienes tienen el control político absoluto.
Incluso los llamados más razonables, como los de Taddei, suenan huecos frente al secretismo de las encuestas y la centralización de decisiones. La democracia no se construye con discursos bien intencionados ni con optimización contable; se sostiene con transparencia real, independencia institucional y equidad efectiva. Cada intento de reformar el sistema electoral bajo la bandera del ahorro, sin garantizar estos principios, debe ser visto con desconfianza.
En definitiva, la “reforma para ahorrar” parece más un juego de poder que un proyecto de eficiencia. El ahorro presupuestal es atractivo, pero cuando se mezcla con secretismo, centralización y control político, se convierte en excusa para moldear la democracia a conveniencia de quienes gobiernan. La ciudadanía merece claridad: ¿realmente se busca un sistema electoral más eficiente o se aprovecha la narrativa de ahorro para consolidar ventajas políticas?
México no puede permitirse la ingenuidad de creer que la eficiencia presupuestal protege la democracia. La historia nos enseña que las reformas electorales han sido, más que un esfuerzo técnico, un campo de batalla donde los intereses políticos se visten de neutralidad. Si no vigilamos cada paso, el costo invisible será la pérdida de equidad, imparcialidad y confianza ciudadana.
