Los días pasan y la discusión sobre la reforma electoral en México se mantiene, junto con el llamado de académicos, investigadores y exfuncionarios que siguen aportando ideas para que la próxima reforma sea algo más que la consumación de otro de los caprichos presidenciales. Este ejercicio no puede entenderse como un simple debate académico ni como un trámite burocrático más. Se trata de debatir los ya de por sí endebles cimientos de nuestra democracia. Cada modificación en la legislación electoral desde 1994 ha redefinido los límites de lo que entendemos por democracia en México, y no siempre de manera progresiva. La gran interrogante es cómo se fortalecerán nuestras instituciones y se garantizarán derechos efectivos, o si, por el contrario, consolidará prácticas que debilitan la equidad, la transparencia y la participación ciudadana, pilares de nuestro sistema democrático.
“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande o democracia”, escribió Theodore Roosevelt. Traigo esta frase a colación tras el foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el que Mauricio Padrón Innamorato, secretario académico, recordó que el gran cambio democrático en México se construyó sobre la participación activa de la ciudadanía. No se trataba solo de votar, sino de observar, atestiguar y acompañar el funcionamiento de las autoridades electorales. Esta vigilancia ciudadana fue, en su momento, un orgullo nacional y un símbolo de la transición democrática. Sin embargo, esa transición, por importante que haya sido, no resolvió todos los problemas del sistema.
Entre sus defectos destacan la sobrerrepresentación en el Congreso, las inequidades en el acceso a recursos, la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos y la fragilidad de algunos mecanismos de control. Son deudas pendientes de nuestra democracia; no constituyen el fin del sistema, pero sí evidencian que cualquier reforma electoral debe ser evaluada con rigor: no todas las modificaciones significan avances, y algunas pueden ser retrocesos disfrazados de justicia social.
En el mismo foro, Lorenzo Córdova Vianello, también del Instituto, recordó que las reformas de 1994 no surgieron como iniciativa del Ejecutivo, sino como producto de un ejercicio colegiado, fruto del diálogo y la escucha de las preocupaciones planteadas por las oposiciones. Esto subraya una lección clave: la democracia no se construye únicamente desde la autoridad, sino a través de la participación de múltiples actores. México enfrenta, según Córdova, dos modelos de procesos electorales: uno, como el de los años recientes, marcado por desigualdades pero con integridad suficiente para considerarlo democrático; otro, que atenta contra la integridad del proceso, planteando elecciones sin condiciones mínimas de equidad y transparencia. El dilema es claro: ¿queremos procesos que fortalezcan la democracia o prácticas que la debiliten?
Esta misma semana, los partidos políticos de los estados pusieron sobre la mesa la urgencia de esta discusión. Propusieron, entre otros puntos, eliminar el doble financiamiento de los partidos nacionales, crear coaliciones mixtas que permitan competir sin fusiones y garantizar que los votos obtenidos en los Ayuntamientos contribuyan a mantener el registro y financiamiento de los partidos locales. Estos planteamientos representan un intento de equilibrar el terreno de juego entre partidos grandes y pequeños, asegurando que la competencia electoral sea realmente justa y que los recursos públicos se distribuyan de manera equitativa. Además, sugieren reformas en la transparencia, la fiscalización y la representación proporcional, así como un canal de comunicación directo con el INE, lo que podría reducir la opacidad y fortalecer la rendición de cuentas.
No debemos olvidar que aún faltan elementos clave, como la inclusión de las personas con discapacidad en la reforma electoral. Este grupo, históricamente subrepresentado, enfrenta barreras significativas para ejercer sus derechos políticos. Propuestas como transporte gratuito a casillas, voto anticipado mediante plataformas accesibles, boletas en braille, debates inclusivos y campañas informativas en formatos accesibles no son meros caprichos: son condiciones indispensables para una democracia incluyente. Asimismo, se plantean medidas afirmativas, cuotas partidistas, financiamiento adicional para campañas y sanciones severas ante discriminación, asegurando que la participación de las personas con discapacidad deje de ser un objetivo simbólico y se convierta en una realidad concreta. Una reforma que no contemple estas medidas sigue consolidando una democracia incompleta, donde la igualdad de derechos es todavía una aspiración.
Por si fuera poco, la actuación de las autoridades electorales y judiciales ha sido motivo de preocupación. Las últimas decisiones de la magistratura han implicado retrocesos en la equidad y la representación. La sobrerrepresentación, los “acordeones” en los resultados electorales y la reciente elección judicial evidencian un patrón alarmante: decisiones cruciales para la democracia están en manos de unos cuantos, sin mecanismos adecuados de control ciudadano ni criterios claros de meritocracia. Esta elección ha representado una regresión del sistema que puede comprometer seriamente la imparcialidad y eficiencia del órgano jurisdiccional electoral. Si no se corrigen estas deficiencias, la próxima reforma podría convertirse en un instrumento que legitime retrocesos más que en un mecanismo de fortalecimiento democrático.
En este contexto, la reforma electoral debe cumplir un doble objetivo: garantizar equidad y representación para partidos locales y ciudadanos, y asegurar la inclusión plena de los grupos históricamente marginados, en particular las personas con discapacidad. Esto implica repensar el financiamiento, la fiscalización, los mecanismos de representación proporcional, los derechos de militancia, el acceso a medios y el fortalecimiento de la independencia judicial. Cada decisión legislativa y administrativa tendrá consecuencias directas en la calidad de la democracia mexicana.
La oportunidad que tenemos ante nosotros para contener los embates a nuestro sistema electoral es histórica. México puede avanzar hacia un modelo más equitativo, inclusivo y confiable, o retroceder consolidando prácticas que perpetúan desigualdades y limitan la participación. La ciudadanía, los partidos, la academia y las autoridades electorales tienen la responsabilidad de no repetir errores del pasado. La democracia no se define sola; requiere instituciones fuertes, ciudadanía vigilante y un compromiso académico que analice, proponga y supervise. Ignorar estas responsabilidades sería condenar a nuestra democracia a permanecer incompleta, excluyente y vulnerable a retrocesos que podrían marcar la política nacional durante décadas.
Si la reforma electoral logra equilibrar la competencia, incluir a los sectores históricamente marginados y fortalecer la independencia de los órganos jurisdiccionales, podremos hablar de un avance tangible hacia una democracia madura y representativa. Si no, será otro episodio de reformas que prometen modernización, pero que en los hechos consolidan desigualdades y erosión institucional. La reflexión es urgente, y la participación crítica de todos los actores sociales es indispensable: la democracia mexicana merece mucho más que discursos y buenas intenciones.
