Si algo dejó claro el reciente foro sobre la reforma electoral en San Luis Potosí es que la democracia mexicana está llena de buenas ideas, pero vacía de voluntad política. Hubo propuestas valiosas, reflexiones profundas, diagnósticos certeros; sin embargo, todas flotaron en el aire de un evento que parecía más preocupado por el protocolo que por el diálogo. Un foro que habló de participación sin permitirla, y de pluralidad sin abrirse realmente al país que dice representar.
Lo paradójico es que, a pesar de su tono burocrático, el encuentro reunió planteamientos de fondo. Por ejemplo, varias ponentes Denisse Adriana Porras, Graciela Díaz, Lizbeth Lara Tovar y Paloma Blanco defendieron con firmeza la importancia de los organismos públicos locales electorales (OPLEs) como garantes de la democracia desde lo local. Advirtieron que su desaparición o absorción por el INE representaría un retroceso en el federalismo, una pérdida de cercanía con la ciudadanía y un golpe a la operatividad de los procesos electorales. Plantearon, en cambio, fortalecer la coordinación entre el INE y los OPLEs, así como mejorar los mecanismos de fiscalización, paridad y participación ciudadana.
Era, sin duda, una de las discusiones más relevantes: la tensión entre centralización y autonomía, entre un sistema electoral nacional fuerte y uno localmente representativo. Pero se quedó sin eco.
Otro de los puntos clave fue la justicia electoral. Se destacó el papel de los tribunales como garantes de la legalidad y la equidad en las contiendas. La magistrada María Carolina López presidenta del Tribunal Electoral propuso avanzar hacia un “tribunal de puertas abiertas”, con justicia digital, intercultural y de proximidad, que considere los contextos locales. Un planteamiento que no sólo moderniza la justicia electoral, sino que la acerca a quienes más la necesitan: las comunidades rurales, los pueblos originarios, los sectores marginados que rara vez acceden a una resolución efectiva.
También se habló de paridad de género. Zelandia Bórquez recordó que la democracia mexicana sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres en los cargos ejecutivos. Propuso que en los estados donde nunca ha gobernado una mujer como San Luis Potosí se reserve la postulación a mujeres en las próximas elecciones a la gubernatura. La idea es disruptiva, sí, pero necesaria en un país donde la paridad se presume más de lo que se ejerce. Además, se insistió en fortalecer los protocolos de protección, el financiamiento equitativo y los observatorios de violencia política de género, porque la igualdad no puede depender de la buena voluntad de los partidos.
En materia de inclusión, la intervención de Sanjuana Jaramillo Jante puso sobre la mesa un tema que suele quedar al margen: la representación política de las personas con discapacidad. Propuso que las reformas electorales incluyan la obligación de postularlas no sólo en listas de representación proporcional, sino también en fórmulas de mayoría relativa. Y más aún: garantizar condiciones reales de accesibilidad y autonomía para quienes resulten electos. La política mexicana no ha sabido ser verdaderamente incluyente; su estructura sigue hecha para los mismos cuerpos, los mismos perfiles, las mismas voces.
Otros planteamientos apuntaron a democratizar los espacios de poder más allá de la política electoral.
Ricardo Rivera Sierra planteó incorporar mecanismos de democracia participativa en universidades públicas, como elecciones directas y consultas internas; mientras que Iván Larco Villegas propuso que el INE y los OPLEs puedan organizar consultas a pueblos indígenas y personas con discapacidad, con perspectiva intercultural y de derechos humanos. Ambos coincidieron en que la democracia no puede limitarse al voto cada tres o seis años: debe practicarse todos los días, en las aulas, en las comunidades, en los espacios donde se construye pensamiento y ciudadanía.
También hubo propuestas de fiscalización y transparencia. Jorge Escudero y Marco Antonio Arzate sugirieron abrir parcialmente la comisión de fiscalización a los partidos —con voz, pero sin voto— y aprovechar la tecnología para vigilar en tiempo real el gasto electoral. Lo que propusieron, en esencia, fue sustituir la vigilancia punitiva por la transparencia preventiva, algo urgente en un país donde el dinero sigue siendo el gran motor de la política.
En el mismo sentido de innovación, Ángel Gonzalo Santiago Hernández planteó impulsar el voto electrónico y las urnas digitales para reducir costos, agilizar los conteos y fomentar la participación ciudadana. No se trata sólo de modernizar el proceso, sino de hacerlo más accesible para quienes no pueden desplazarse a los centros de votación o que desconfían de los sistemas tradicionales.
Por su parte, Manuel Ramírez García consejero electoral alertó sobre la complejidad de las elecciones judiciales concurrentes, proponiendo separar fechas y revisar la legislación para evitar la saturación administrativa. Un recordatorio de que la democracia también se sostiene en la técnica, no solo en la política.
El abogado José Antonio Aguilar Reyes propuso endurecer los requisitos de elegibilidad de candidatos, incluyendo nuevas causales de exclusión, como haber cometido violencia política de género o estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Mientras tanto, Leilani Yanal Guerrero abogó por fortalecer la democracia directa, incorporando mecanismos como presupuestos participativos, referéndums, plebiscitos e iniciativas ciudadanas. En su conjunto, todas estas ideas apuntaban a una misma dirección: una democracia más inclusiva, más vigilada, más ciudadana.
El problema no fueron las propuestas. Fue la sordera. Cada intervención sonó más como un monólogo que como parte de una conversación. El foro acumuló diagnósticos, pero no interlocutores; discursos, pero no compromisos. Se habló de abrir el sistema, pero el evento fue cerrado. Se mencionó la participación ciudadana, pero el público estaba ausente. Se defendió la descentralización, pero todo se resolvió bajo la lógica del control político.
En el fondo, eso explica el desencanto. México no carece de ideas democráticas; carece de un Estado dispuesto a escucharlas. Y mientras las instituciones conviertan la deliberación pública en un protocolo para cumplir con la forma, seguiremos atrapados en la misma paradoja: hablar de democracia sin practicarla.
Porque lo que vimos no fue un foro: fue el retrato de una clase política que teme la conversación, que adorna la simulación con discursos bien redactados, y que confunde la política con la puesta en escena. Lo trágico es que, detrás de esa simulación, hay propuestas reales, urgentes, necesarias… que se pierden en el eco de los auditorios vacíos.
