“Ya cayó la cachetona”, se escuchó al fondo del pasillo del edificio central. La frase, dicha casi a modo de desahogo, recorrió la universidad como un suspiro colectivo tras semanas marcadas por la incertidumbre, la tensión y el temor a un estallido mayor. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí no solo enfrentaba un posible paro laboral; también se encontraba en el centro de un choque político e institucional que dejó al descubierto algo más grave que un desfase presupuestal: una crisis de confianza en su conducción.
El riesgo financiero era real. Un boquete de más de 208 millones de pesos encendió todas las alarmas dentro y fuera de la institución. Las versiones sobre una eventual derrota en tribunales, relacionada con la transparencia y el destino de los recursos provenientes de participaciones federales y estatales, terminaron por encender los ánimos. La comunidad universitaria comenzó a mirar hacia arriba en busca de claridad, certezas y liderazgo. Pero lo que encontró fue silencio, confusión… y un intercambio de oficios que terminó convirtiéndose en un episodio vergonzoso de descoordinación institucional.
Desde el Congreso del Estado la Junta de Coordinación Política, intentó abrir una ventana de diálogo. No se trataba, al menos en el discurso, de una embestida contra la autonomía universitaria, sino de un esfuerzo por someter a escrutinio público el uso de recursos que, al final del día, pertenecen a la sociedad potosina. La invitación fue certera, la reunión debía llevarse a cabo en la sede legislativa, en el salón Gómez Morín, donde también estarían presentes funcionarios de la Secretaría de Finanzas. El objetivo: esclarecer cifras, procesos, errores y, sobre todo, responsabilidades.
Sin embargo, la respuesta de la Rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra pareció moverse en dirección contraria. Apenas horas después de haber recibido la invitación formal, el rector envió su propia convocatoria, esta vez citando a los legisladores en la UASLP. El resultado fue un cruce de comunicaciones, una confusión innecesaria y un mensaje que muchos interpretaron como resistencia a acudir al espacio que por protocolo, institucionalidad y lógica republicana correspondía.
Lo más delicado no fue el intercambio de oficios, sino lo que vino después. La diputada Dolores Robles Chairez acudió en tiempo y forma a la Rectoría para entregar la respuesta oficial del Congreso, donde se reiteraba la necesidad de que el encuentro ocurriera en el Poder Legislativo. El documento no fue recibido. Solo hasta el lunes siguiente, finalmente, se aceptó la notificación. Para muchos, más que un problema logístico, fue un gesto de cerrazón. Para otros, fue simple desdén institucional.
A la par la percepción pública empezaba a tomar forma en los pasillos universitarios: el rector parecía más incómodo frente a los legisladores que relajado en espacios de convivencia social. No es un secreto que, en días recientes, Alejandro Zermeño ha sido visto en restaurantes de alto perfil, atendiendo compromisos personales o reuniones informales, justo cuando la universidad vive uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Legalmente, nada que reprochar; éticamente, todo que cuestionar.
Porque no se trata solo de estar, sino de dónde se está cuando la institución que se encabeza atraviesa la tormenta perfecta: crisis financiera, reclamos laborales, exigencias estudiantiles, cuestionamientos por los sueldos de altos funcionarios, demandas de transparencia y una comunidad que espera respuestas En ese contexto, la imagen de un rector desplazando reuniones oficiales hacia espacios de comodidad personal no abona a la confianza, la erosiona.
El diputado Fernando Gámez Macías fue claro y directo: si el tema es presupuesto, cuentas y evaluación del gasto, la sede natural es el Congreso del Estado. No existe justificación protocolaria para invertir los papeles. Los poderes públicos tienen roles definidos y respetarlos es parte de la vida democrática. No acudir a la sede legislativa, bajo estas circunstancias, se interpreta no como una defensa de la autonomía, sino como un desaire institucional.
La UASLP merece más. Merece un liderazgo que no rehúya la discusión pública, que no se incomode ante la fiscalización y que comprenda que la transparencia no es una concesión, sino una obligación legal y moral. Las universidades públicas no pueden comportarse como entidades privadas cuando se trata de rendir cuentas. Su prestigio no proviene de la opacidad, sino de la claridad.
Alejandro Zermeño aún tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Su presencia este jueves en el Congreso sería una señal no solo de respeto institucional, sino de verdadero compromiso con la comunidad que dirige. De no hacerlo, la lectura será inevitable: que prefiere administrar su imagen antes que enfrentar la realidad; que es más ágil para aceptar una mesa en un restaurante que para ocupar un asiento frente al Poder Legislativo.
