En México solemos aprender nuestras lecciones a partir del tropiezo y eso en muy contadas ocasiones extraña vez prevenimos; más bien, reparamos y la primera elección para integrar al Poder Judicial aquel experimento nacional que muchos celebraron como un avance democrático dejó claro que estrenamos mecanismos sin revisarlos, sin medir sus consecuencias y sin un mapa claro que indicara hacia dónde queríamos ir.

El Instituto Nacional Electoral (INE), una vez más, fue quien tuvo que lidiar con reglas incompletas, procedimientos contradictorios y una carga operativa monumental sin herramientas suficientes para sostenerla.

La buena noticia en teoría es que ahora el propio INE propone corregir el rumbo. La mala: que estas correcciones llegan después de una elección marcada por errores evitables, improvisaciones de último minuto y vacíos legales que dejaron en evidencia que la reforma al Poder Judicial se construyó con más prisa que técnica.

Hoy el INE reconoce oficialmente aquello que miles de ciudadanos y especialistas advirtieron durante meses: no se podía organizar una elección judicial sin un marco normativo claro, sin saber cómo garantizar la paridad, cómo validar antecedentes de aspirantes, cómo fiscalizar sus gastos o cómo realizar un conteo simultáneo junto con elecciones presidenciales y legislativas. Fue un campo minado.

La lista de problemas detectados lo confirma: candidaturas mal registradas por el Senado y sin posibilidad legal de regresarlas; topes de campaña que tuvieron que reconfigurarse horas antes de arrancar; comités que enviaron listas sin paridad; y un calendario de cómputos materialmente imposible de cumplir. Es decir, una elección con bases tan frágiles que el INE tuvo que sostenerla con las manos mientras todo crujía alrededor.

Entre las correcciones que ahora propone el instituto destaca una obviedad: permitir que el INE devuelva las listas al Senado cuando estén mal integradas. ¿Cómo fue posible que la ley original no lo previera? Así ocurrió en la elección pasada: llegó una lista con inconsistencias, el INE sabía que estaba mal, pero legalmente no podía regresarla. El resultado fue un desastre administrativo que obligó a corregir los triunfos después de la jornada electoral solo para cumplir con la paridad. Una corrección que, aunque jurídicamente necesaria, dejó un mal sabor de boca político y mediático.

Otro punto crucial es otorgarle al INE la facultad para verificar requisitos básicos de cualquier persona que aspira a una función pública: constancia de no antecedentes penales y certificado de no adeudo alimentario. Parece increíble que un juez pueda ser electo sin que la autoridad electoral pueda verificar algo tan elemental. Pero así ocurrió.

El diagnóstico también apunta a las campañas: un proceso lleno de restricciones absurdas que prácticamente impidió que las candidaturas se dieran a conocer. ¿Cómo espera el Estado que la ciudadanía elija a quienes juzgarán sus casos más sensibles si no puede siquiera escucharlos hablar en una plaza pública? Por ello, el INE pide que la ley lo diga claramente: reuniones presenciales sí, pero sin eventos masivos y bajo supervisión. 

Suena razonable, pero demuestra lo improvisada que fue la redacción original.
Los cómputos distritales son otro punto de quiebre. Si en 2027 coinciden elecciones presidenciales, legislativas y judiciales, el sistema actual simplemente no aguanta. El INE propone mover los cómputos de la elección judicial 15 días después. Tiene lógica: primero se atienden los cargos de mayor impacto institucional. 

Lo sorprendente es que esta previsión no haya estado contemplada desde un inicio.
Pero mientras el INE intenta corregir la arquitectura electoral desde lo técnico, en el ámbito político ocurre algo inédito: una iniciativa ciudadana en materia electoral la primera en la historia legislativa del país logró reunir 188,358 firmas, superando con creces el mínimo legal. Organizaciones civiles, muchas de ellas vinculadas a la llamada “Marea Rosa”, recorrieron centros comerciales, universidades, plazas y mercados para juntar los apoyos. Lo hicieron con una aplicación del INE que, según sus propios testimonios, funcionó con dificultades y les hizo perder cientos de miles de firmas por fallas técnicas. Aun así, lograron el objetivo.

Más allá de las interpretaciones políticas Claudio X. González ya declaró que la iniciativa ciudadana debe discutirse al mismo tiempo que la que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum, el hecho es significativo: por primera vez en décadas, la ciudadanía organizada no solo protesta o marcha, sino que entra a la cancha legislativa con una propuesta formal, respaldada por las reglas del propio Estado mexicano.

Ambos procesos la autocrítica del INE y la iniciativa ciudadana revelan algo importante: la democracia mexicana está en un momento de reacomodo profundo. El país vive una tensión entre dos modelos: uno impulsado desde el poder, con reformas que amplían la participación electoral a nuevos terrenos como el judicial; y otro, emergente, impulsado por la ciudadanía, que exige contrapesos y claridad en las reglas.

Si México quiere que la elección de jueces realmente fortalezca la democracia y no la convierta en un mecanismo improvisado para llenar cargos delicados, necesita reglas claras. Necesita tiempos razonables, paridad garantizada, filtros suficientes y campañas que permitan conocer a quienes aspiran a impartir justicia. Pero también necesita una ciudadanía dispuesta a vigilar, exigir y corregir al poder, como lo demuestra la iniciativa “Salvemos la Democracia”.

En la próxima reforma electoral convivirán dos visiones: la del Ejecutivo, que probablemente buscará ampliar y consolidar su proyecto, y la de más de 188 mil ciudadanos que han decidido no quedarse al margen. Lo que está en juego no es una disputa de propuestas, sino la definición del tipo de democracia que queremos para las próximas décadas.

México, como siempre, aprende a golpes. La pregunta es si esta vez aprenderá lo suficiente antes de que llegue 2027.