Después de 65 foros de consulta y más de 5 mil 200 intervenciones registradas, la reforma electoral entra en su fase decisiva. La comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez ya puso fecha: el 1 de febrero la iniciativa llegará al Congreso, justo al arranque del periodo ordinario de sesiones. El dato es relevante no por el calendario, sino por lo que confirma: el debate público se acerca a su fin mientras las dudas de fondo siguen intactas.
Durante meses se habló de apertura, de escucha, de pluralidad. Se convocó a especialistas, organizaciones civiles, autoridades electorales y partidos. Se abrió una plataforma digital para recibir propuestas. Sin embargo, a estas alturas, nadie fuera del círculo gubernamental conoce con precisión cómo quedará redactada la iniciativa ni cuáles serán sus alcances reales. La reforma más sensible para la democracia mexicana avanza, paradójicamente, envuelta en incertidumbre.
En el discurso han circulado ideas de alto voltaje político: eliminar los plurinominales, reducir el financiamiento a los partidos, desaparecer a los organismos electorales locales, elegir por voto popular a consejeros electorales. Propuestas que no son menores y que, en cualquier democracia, requerirían consensos amplios y reglas claras. Hoy, en cambio, funcionan más como piezas de un rompecabezas que aún no se arma frente a la opinión pública.
La experiencia reciente obliga a la cautela. Las reformas impulsadas en los últimos años al Poder Judicial, a los órganos constitucionales autónomos, a diversas leyes clave han seguido una lógica común: concentración de poder y debilitamiento de contrapesos. No es descabellado pensar que la reforma electoral siga el mismo camino. No necesariamente para desaparecer al INE, pero sí para reducir su autonomía y para reorganizar el sistema electoral bajo un mayor control político.
En este contexto se explica la escena de este lunes: Guadalupe Taddei, presidenta del INE, acudió a las oficinas de la comisión presidencial acompañada por 27 presidentas y presidentes de Organismos Públicos Locales Electorales. Desde octubre, los OPLE emprendieron una defensa abierta frente a la amenaza de extinción planteada por el propio Pablo Gómez al inicio de los trabajos. La imagen es elocuente: las instituciones electorales locales pidiendo no ser borradas del mapa.
Taddei, con experiencia previa al frente del OPLE de Sonora, ha advertido de los riesgos operativos de desaparecerlos. No es una discusión ideológica, sino práctica. En 2027 coincidirán elecciones federales con comicios de gobernador en 17 entidades, además de congresos locales y ayuntamientos en 30 estados. A ello se sumaría, si se mantiene la reforma judicial, la elección de jueces federales y locales. Centralizar toda esa carga en el INE no es una simplificación administrativa: es una apuesta riesgosa.
Conforme avanzaron los foros y los debates, la postura del gobierno parece haberse matizado. Fuentes cercanas a la comisión aseguran que “los OPLE ya se salvaron”. Incluso gobernadores de Morena defendieron su permanencia. El argumento del costo más de 13 mil millones de pesos anuales empezó a perder peso frente a la evidencia de que su desaparición podría provocar un colapso operativo. Es, quizá, uno de los pocos ejemplos en los que la presión técnica logró frenar una decisión política.
Pero el fondo del problema persiste. Esta reforma no surge del consenso entre fuerzas políticas, sino del poder. Históricamente, en México, las grandes reformas electorales fueron impulsadas por la oposición, que buscaba reglas más justas frente al partido dominante. Hoy ocurre lo contrario: el oficialismo, con mayoría y control legislativo, pretende rediseñar el sistema que lo llevó al poder.
Los foros corren el riesgo de convertirse en un ejercicio de legitimación más que de deliberación. Un manto de pluralidad para justificar una reforma previamente encaminada. No sería la primera vez. El propio Pablo Gómez fue autor de los planes A, B y C de reforma electoral del expresidente López Obrador, todos ellos frustrados por falta de consenso o por resoluciones de la Suprema Corte. Esta sería, en los hechos, la versión actualizada de aquellos intentos.
El calendario tampoco ayuda a disipar sospechas. La iniciativa llegará al Congreso en febrero y se discutirá con la vista puesta en 2027, cuando los procesos electorales inician en septiembre. Cambiar las reglas tan cerca de una elección siempre genera dudas razonables. En democracias sólidas es una excepción; en sistemas frágiles, una tentación recurrente.
Guadalupe Taddei ha insistido en que su papel ha sido únicamente el de puente entre la comisión y los distintos actores. Incluso intentó consensuar una propuesta del Consejo General del INE, pero una filtración y las inconformidades internas obligaron a posponer su entrega. Ese documento será, en teoría, el último insumo antes de que la Consejería Jurídica de la Presidencia traduzca el trabajo de la comisión en una iniciativa firmada por Claudia Sheinbaum.
La pregunta no es si habrá reforma electoral. Esa parece un hecho consumado. La pregunta es para qué y para quién. Si servirá para fortalecer la democracia, el federalismo y la confianza en las elecciones, o si será otro paso en la ruta de concentración del poder. Muchos foros, miles de participaciones y una plataforma abierta no garantizan, por sí solos, un mejor sistema. En democracia, las formas importan, pero el fondo importa más. Y ese fondo, hoy por hoy, sigue sin estar claro.
