Imagina que un vecino golpea a su familia todos los días y, cuando alguien llama a la policía, responde: “¡Esto es mi casa, mi familia, nadie se mete aquí!”. Suena injusto, ¿verdad? Pues algo similar pasa en el mundo de la política internacional cuando ciertos gobiernos populistas de izquierda usan la palabra SOBERANÍA como escudo para evitar que el mundo vea o intervenga en abusos graves contra su propia gente.

En países como Nicaragua o en momentos pasados como Venezuela o Bolivia, por mencionar algunos, estos líderes han dicho una y otra vez: “Cualquier crítica o informe de la ONU es injerencia extranjera, atenta contra nuestra soberanía”. Lo hacen para rechazar observadores internacionales que documentan torturas, elecciones dudosas o represión de protestas. Pero esta forma de usar la soberanía no es correcta según el derecho internacional moderno. 

La soberanía significa que un país es independiente: decide sus leyes, maneja su territorio y no permite que otros países lo invadan o le dicten qué hacer. Esto está escrito en la Carta de las Naciones Unidas, el “manual” básico del mundo: Artículo 2.4: Nadie puede amenazar o usar la fuerza contra otro país; y Artículo 2.7: La ONU no se mete en asuntos internos de un país… a menos que haya violaciones muy graves que amenacen la paz mundial.

Pero aquí viene lo importante: la soberanía no es un cheque en blanco, no es absoluta. Desde hace décadas, el mundo ha evolucionado y dice que un gobierno debe proteger a su población de horrores como genocidios, crímenes de guerra o masacres sistemáticas. Si un Estado no lo hace (o peor, si es el gobierno el que ataca a su gente), la comunidad internacional tiene la Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés). Este principio fue aceptado por todos los países, incluyendo los de América Latina, en la Cumbre Mundial de la ONU en 2005.

En palabras simples: la soberanía viene con una responsabilidad. No puedes decir “es mi casa” mientras dejas que tu familia sufra abusos graves. Si fallas en proteger, el mundo puede intervenir (primero con ayuda, luego con sanciones o, como último recurso, fuerza autorizada por la ONU).

Los gobiernos populistas de izquierda suelen ignorar esta parte. Usan una versión vieja y extrema de la soberanía, como si fuera del siglo XVII, para decir “nadie se mete”, mientras dentro del país concentran poder, persiguen opositores y debilitan instituciones. Es una tergiversación selectiva: defienden la no intervención cuando les conviene, pero piden “solidaridad internacional” cuando quieren apoyo económico o político.

La paradoja que los filósofos ya vieron hace siglos, Thomas Hobbes decía que la gente entrega su libertad a un soberano fuerte para evitar el caos. Pero si ese soberano se vuelve tirano y oprime en vez de proteger, la soberanía se convierte en su opuesto: una dictadura disfrazada; Jean-Jacques Rousseau lo llevaba más lejos: la soberanía verdadera pertenece al pueblo, nadie puede robarla. Si un líder dice “yo soy el pueblo” y suprime elecciones o protestas, está traicionando esa soberanía popular. Es la paradoja: lo que se crea para empoderar al pueblo termina oprimiéndolo.

La soberanía debería servir al pueblo, no al revés. Cuando un gobierno la usa para perpetuarse en el poder y abusar, genera una paradoja terrible: el “protector” se convierte en el opresor.

, sanciones selectivas y apoyo a la sociedad civil, sin caer en dobles estándares.

Al final, la verdadera soberanía no es la del dictador que dice “nadie me toca”. Es la del pueblo que puede vivir libre, votar sin miedo y protestar sin balas. Cuando un líder la tergiversa para blindarse, no defiende la patria: la traiciona.